Cuando el sentido común abandona a la clase política
CON CIERTA INCREDULIDAD VIVEN ESTOS días los sorianos las declaraciones
y actuaciones de las administraciones sobre las obras planificadas por
la SIEP en el paraje de La Laguna, junto a Valonsadero. Mientras desde el Ayuntamiento capitalino se asegura que se han paralizado las obras a la espera de un informe medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente que garantice la preservación del paraje, el Gobierno de España ha decidido continuar con las obras poniendo en riesgo cualquier medida que se pueda plantear para tal fin, una prueba más de la política de hechos consumados instaurada en este proyecto desde que, de forma unilateral, se decidió ubicar el nuevo centro junto a Valonsadero, en lo que los propios partidos políticos acordaron en la revisión del PGOU calificar como rústico, para convertirse en una franja de protección ambiental de la zona natural de esparcimiento de la ciudad. Parece mentira que sea la propia Administración quien esquive la legalidad, con tal de avanzar en los plazos de ejecución del proyecto, denotando una falta de sentido común cuando menos preocupante. El Estado de Derecho obliga a los ciudadanos a cumplir la ley que todos nos hemos dado, pero también a las administraciones que deben garantizar la legalidad vigente. Hacer lo contrario es un mal ejemplo, que tiene pocas justificaciones y merece, cuando menos, una explicación razonada. Ante esta situación de hechos consumados, el Ayuntamiento no debe dar la callada por respuesta y debe exigir el respeto a la legalidad vigente.
