La FAPE insta a aclarar funciones de Comité contra desinformación
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado al Gobierno a que aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado Comité para la lucha contra la desinformación.
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La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que suscitan a FAPE una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo.
Ante el riesgo de que el susodicho Comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, la FAPE ha recordado al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no.
Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio.
El Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello.
"Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley", ha subrayado.
Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales, ha aclarado.
La FAPE ha estimado que la creación de este Comité solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia.
La FAPE ha advertido que estará muy atenta a que este Comité, al ser una dependencia del Gobierno, pueda ser utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La FAPE siempre ha defendido, y defiende, la autorregulación, que en nuestro caso se concreta en la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, un órgano independiente que atiende las reclamaciones por incumplimiento de nuestro Código Deontológico.
Los límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en nuestro código deontológico y en la ética personal.
