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FACUA exige ley que baje precios de alquiler

FACUA-Consumidores en Acción ha criticado que el PSOE se niegue a aprobar una ley que permita bajar los precios del alquiler, como vienen demandando las diferentes organizaciones sociales, y sólo plantee su congelación.

Los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, están negociando la inclusión en la futura Ley de Vivienda de la posibilidad de congelar los precios de los alquileres de las llamadas zonas tensionadas, aquellas en las que se ha producido "un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable".

Frente a multitud de organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando la bajada de los precios en zonas tensionadas, el PSOE sólo ha admitido que la ley permita su congelación.

En este sentido, FACUA ha señalado en un comunicado que la solución al problema del alquiler no puede pasar por congelar precios que ya de por si son excesivamente altos y que han provocado en los últimos años la expulsión de muchas familias de los barrios, debido a la abusividad de los precios, sino que se deben habilitar herramientas que permitan la bajada de dichos precios a niveles razonables y que acaben con la especulación.

Así, la asociación ha advertido de que las trabas del PSOE a aprobar medidas de este tipo dejan claro que prefiere defender los intereses de los especuladores frente a los de las familias, permitiendo que sigan aplicando precios abusivos para enriquecerse a costa de un derecho fundamental.

Deterioro del derecho a la vivienda

FACUA, por tanto, ha exigido al PSOE que se comprometa a establecer medidas orientadas a disminuir los alquileres de viviendas, como forma de garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, derecho que se ha visto deteriorado en los últimos tiempos por los incrementos abusivos de los precios del alquiler y la especulación sobre la vivienda.

La asociación ha calificado de fundamental que la nueva normativa corrija la actual situación que se da en este mercado, que ha transformado un bien esencial en un mero objeto de especulación económica y que, por tanto, acabe con el alto coste de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales.