España presenta uno de los sistemas sanitarios con menor libertad del paciente

España presenta uno de los sistemas sanitarios con menor libertad del paciente. De los países de la UE+OCDE, España sólo supera a México, Indonesia y Costa Rica.

Siete de cada 10 españoles han acudido enfermos a trabajar en el último año

La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) ha publicado el Índice de Libertad del Paciente (ILP) 2026, un nuevo estudio internacional que compara el grado de autonomía real que conservan los ciudadanos cuando utilizan los sistemas sanitarios.

Elaborado por Bosco Aspe, Director Académico de Fundalib, y Juan Pina, Secretario General, el informe analiza 51 países desarrollados (toda la OCDE, la UE y algunos de similares características) mediante veinte indicadores agrupados en cinco grandes áreas.

A diferencia de otros rankings sanitarios, el ILP no pretende medir la calidad de la asistencia, la esperanza de vida, las listas de espera o el nivel de gasto sino determinar cuánto margen conserva un paciente adulto para tomar sus propias decisiones.

El estudio analiza la libertad del paciente a la hora de elegir proveedores (médicos, centros), escoger tratamiento, acceder a la información sanitaria, optar por servicios sanitarios directos y por el autocuidado, y las opciones disponibles en materia de financiación y cobertura.

En definitiva, se trata de determinar en qué medida el paciente retiene un alto grado de libertad en materia sanitaria o no.

Bélgica encabeza la clasificación con 92,80 puntos, seguida de la República Checa, con 91,20, y Alemania, con 90,20.

Estos tres países son los únicos que alcanzan la categoría de libertad del paciente “muy alta”.

Países Bajos y Uruguay completan las cinco primeras posiciones. Este último destaca además como el país latinoamericano mejor clasificado.

El informe muestra que no existe un único modelo sanitario capaz de garantizar por sí mismo una mayor libertad: sistemas institucionalmente muy distintos pueden obtener buenos resultados cuando permiten al ciudadano escoger entre proveedores, ejercer derechos efectivos sobre sus datos y disponer de distintas opciones de cobertura.

Otros  sistemas, incluso con buenos resultados clínicos, pueden limitar considerablemente la autonomía individual mediante mecanismos obligatorios de todo tipo, restricciones en la elección del prestador de servicios médicos o escasas alternativas en la financiación sanitaria.

España aparece muy rezagada, ocupando el puesto 48 de los 51 países analizados, con apenas 63,50 puntos, lo que la sitúa en el nivel de libertad media del paciente.

Nuestro país presenta resultados comparativamente sólidos en información y datos sanitarios, pero pierde posiciones por las grandes restricciones existentes en la elección de proveedores y por la limitada capacidad de decisión sobre la financiación y cobertura básicas.