Denuncian "asfixia" económica y social de empresas por veto a uso de pirotecnia
La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha denunciado su “asfixia” económica y social ante el veto al uso de la pirotecnia fuera de las zonas de influencia forestal que están aplicando Administraciones autonómicas y locales en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
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AEPIRO ha destacado en un comunicado que lo que considera una oleada “indiscriminada e injustificada” de suspensiones y prohibiciones responde a una “persecución desproporcionada” que amenaza con “el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos”.
El 80 por ciento de la facturación anual del sector se concentra en las fiestas patronales de julio y agosto en todo el territorio nacional.
Y una buena parte de la actividad pirotécnica de ese 80 por ciento se registra durante el pasado 15 de agosto, fiesta en miles de ayuntamientos de la geografía española.
Los datos desmienten que la pirotecnia sea causa de los incendios forestales
AEPIRO ha denunciado que “está calando en la opinión pública la certeza, incentivada por la clase política, de que la pirotecnia es causa relevante de los incendios forestales”.
Los datos oficiales acreditan justamente lo contrario.
Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049 por ciento de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023, muy por detrás de la intencionalidad y el rayo, que concentran juntas más de dos tercios del total, y de otras causas cotidianas como colillas, vehículos, líneas eléctricas o quema de restos de poda.
La misma desproporción se repite comunidad por comunidad: en Aragón, la pirotecnia explica solo el 0,011% de las 34.840 hectáreas quemadas en el período; en Andalucía con un 0,02 por ciento de 104.525 hectáreas; Extremadura, el 0,040 por ciento de 68.937 hectáreas; en Castilla-La Mancha, el 0,044 por ciento de 48.058 hectáreas; y en Castilla y León, el 0,016 por ciento de 180.588 hectáreas.
Una industria segura
AEPIRO ha lamentado que se trate a la pirotecnia “como si fuera una actividad improvisada o temeraria”, cuando es una de las industrias más reguladas de Europa. Los artículos utilizados en espectáculos profesionales deben superar estrictos controles bajo la vigilancia de un Organismo Notificado independiente para obtener el Marcado CE, conforme a la directiva europea y a las normas EN 15947 y EN 16261; y, salvo producción propia debidamente autorizada, ningún producto puede comercializarse o dispararse en España sin pasar estrictos trámites para su inclusión en el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria. A ello se suman los planes de seguridad exigidos en cada montaje, presencia de equipos de extinción de incendios en la zona de disparo y adopción de medidas de prevención durante los espectáculos.
“Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector”, ha denunciado AEPIRO.
Prohibición sin compensación
El sector ha alertado de “la absoluta asfixia económica y la falta de responsabilidad patrimonial por parte de los gobiernos autonómicos”.
“Las Administraciones promueven políticas de cancelación masiva basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras”, ha señalado la Asociación Española de la Pirotecnia, que denuncia que “si los políticos consideran que la actividad pirotécnica es tan peligrosa, que tengan la valentía de decirlo con claridad y de asumirlo con todas las consecuencias, en lugar de imponerlo por la vía de hecho sin dar la cara: que expliquen con qué criterio técnico se adopta cada restricción, que asuman su coste político y que pongan encima de la mesa las ayudas y compensaciones que corresponden a las empresas afectadas”.
“Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo, que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad”, ha clamado AEPIRO.
Un veto que ignora el riesgo real: el índice diario de AEMET
AEPIRO ha subrayado además que, en comunidades como Andalucía, “el veto se aplica de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses, sin tener en cuenta el Índice de Riesgo de Incendios Forestales que publica AEMET a diario en función de las condiciones meteorológicas de cada emplazamiento”.
“Una herramienta pensada para modular las restricciones según el riesgo real de cada jornada se convierte así, en la práctica, en una prohibición de calendario, ciega a las condiciones reales de cada día”, ha denunciado la Asociación Española de la Pirotecnia.
Fraude de ley y la falacia del riesgo urbano
Según AEPIRO, la mayoría de los vetos “están fundamentados de forma fraudulenta en la legislación de prevención de incendios forestales y en la Ley de Montes”, cuyo Artículo 5 excluye expresamente de su ámbito al suelo urbano consolidado y a los terrenos agrícolas sin continuidad forestal _donde se dispara, en su mayoría, la pirotecnia: plazas, recintos feriales o cascos históricos_.
El sector celebra cada año decenas de miles de espectáculos.
Más del 80 por ciento de los municipios españoles cuenta con al menos uno. La inmensa mayoría son locales, puntuales, de pequeño formato y alejados de terreno forestal, sobre los que, señala AEPIRO, “la afección real a los bosques es nula”.
Mesa de diálogo
El sector, a través de AEPIRO, ha exigido la creación y puesta en marcha de una Mesa de Diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de las Comunidades para que las restricciones veraniegas estén basadas y sustentadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial estricta.
“Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural”, ha destacado AEPIRO.