El PP reconoce en Senado a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

El Senado ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del PP la modificación de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

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Los senadores del PP, José Manuel Hernando y Mar Cotelo, han criticado en el Pleno de la Cámara Alta, el “retraso injustificable” de la elevación del estatus legal de los funcionarios de prisiones, que el Gobierno de Sánchez, el PSOE y el ministro Marlaska han bloqueado los últimos ocho años. 

Hernando ha recordado la trayectoria parlamentaria de las iniciativas presentadas por el PP en el Senado y en el Congreso, en forma de mociones y Proposiciones de Ley – en 2018, 2020 y 2024- , que, en la era Sánchez, “permanecen en el pudridero diseñado por la Mesa del Congreso”. 

En este sentido, ha incidido en que sólo las dos últimas Proposiciones de Ley del PP suman “146 vergonzosas prórrogas, que son el puro filibusterismo parlamentario al servicio de la antidemocracia de Marlaska”. 

El dirigente popular ha apuntado la razón por la que el Gobierno de Sánchez y Marlaska “han tratado con una irresponsabilidad y una dejadez a los funcionarios de prisiones, que roza lo criminal”. 

 “¿Quién creen que importa más al Gobierno, los funcionarios de prisiones o los socios de Bildu? ¿En qué se ha dado más prisa Marlaska, en proteger a los funcionarios de prisiones o en facilitar por todos los medios la excarcelación de etarras por la puerta de atrás?”, ha preguntado Hernando con ironía. 

Por ello, ha celebrado que el texto remitido desde el Congreso, “cuando termine esta sesión y se certifique el resultado, por fin será modificado el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, los malos sabrán que agredir a un funcionario les traerá consecuencias más graves e inmediatas”.  

En este punto de su intervención, se ha dirigido a la tribuna de público en la que se encontraban los representantes del colectivo de funcionarios de y empleados de prisiones – ACAIP, CSIF y Tu Abandono Me Puede Matar-, para asegurar que “este es el fin de un agotador periplo de ocho años, a fin de conseguir lo fundamental, que hoy quedará refrendado, con nuestro voto a favor de esta iniciativa socialista, que mañana será Ley de Cortes”.

El sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha estado presente en el Senado para seguir en primera persona el debate y la votación de una ley que da respuesta a una reivindicación histórica del colectivo penitenciario, y que los trabajadores de prisiones llevan décadas reclamando ante la creciente violencia que sufren en el interior de los centros. 

El reconocimiento como agentes de la autoridad no es un cambio simbólico, ya que tiene consecuencias jurídicas directas para el día a día de los trabajadores penitenciarios: 

Mayor protección penal frente a las agresiones. Los ataques contra los trabajadores quedarán encuadrados sin margen de interpretación en el delito de atentado contra agentes de la autoridad del artículo 550 del Código Penal, lo que podrá suponer para el interno agresor hasta cuatro años más de condena. Hasta ahora, muchas agresiones terminaban resolviéndose con simples sanciones disciplinarias o con resoluciones judiciales dispares. 

Presunción de veracidad. Los hechos constatados por los trabajadores en sus informes y partes tendrán valor probatorio y serán base suficiente para adoptar resoluciones en los procedimientos administrativos, salvo prueba en contrario, igual que ocurre con otros agentes de la autoridad. 

Protección de la identidad. En los expedientes administrativos y judiciales, los trabajadores podrán identificarse mediante su número de registro profesional, sin tener que exponer su nombre y apellidos ante los internos. 

Indemnizaciones garantizadas. La Administración responderá de las indemnizaciones por lesiones o daños sufridos en acto de servicio cuando el interno agresor sea declarado insolvente, poniendo fin a la desprotección económica de los trabajadores agredidos. 

Separación en caso de ingreso o traslado. Se garantiza que los empleados penitenciarios que sean detenidos, trasladados o ingresen en prisión permanezcan separados del resto de internos. 

Formación específica teórica y práctica antes de la incorporación al puesto de trabajo. 

Extensión al personal laboral. Las medidas de protección alcanzan también al personal laboral que presta servicio en los centros penitenciarios, y no solo a los funcionarios. 

Desde TAMPM han valorado positivamente esta aprobación, que supone un paso de gigante en el reconocimiento y la seguridad jurídica de quienes trabajan en las prisiones españolas. 

Sin embargo, ha recordado que el reconocimiento legal tiene que ir acompañado de una protección real y efectiva: plantillas suficientes, medios de seguridad modernos y accesibles, y el reconocimiento de nuestro trabajo como profesión de riesgo.