TRIBUNA / La iniciativa que nos niega el PP

TRIBUNA / La iniciativa que nos niega el PP

La Constitución contempla, en el 92 CE, un referéndum consultivo para aquellas decisiones políticas de especial trascendencia con unos requisitos sencillos: que venga previamente autorizado por el Congreso y que sea convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. La Ley Orgánica que regula las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum (LO 2/1980) solo exige la mayoría absoluta del Congreso y que la consulta contenga los términos exactos en que haya de formularse tal consulta.

Dicho referéndum no tiene nada que ver con aquellos otros contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para la reforma ora de la Constitución ora de los distintos Estatutos de Autonomía, ni tampoco con los referéndums municipales o autonómicos. El referéndum del 92 CE es una forma constitucional de hacer partícipe al conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas de especial trascendencia –en Suiza se usa continuamente- y el último referendo importante que se recuerda fue el de la OTAN (1986) –el de la Constitución Europea del 2005 pasó sin pena ni gloria- que removió tanto al conjunto del país como a las distintas opciones políticas, particularmente al PSOE que pasó del famoso ‘OTAN de entrada no’ al ‘Vota sí en interés de España’ con el que Felipe González consiguió aprobar la entrada en la OTAN con un 52% de síes sobre un 59% de participación.

Ahora, tengo para mí que España necesita un referéndum en que el conjunto de los españoles podamos manifestarnos acerca de si queremos avanzar en el modelo de igualdad personal y territorial que se predica del 14 CE (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) o si, por el contrario, preferimos apostar por el modelo ‘asimétrico’ –léase, desigual- que nos están imponiendo ya los diferentes partidos políticos en función exclusivamente de sus intereses. Esto es lo que debería perseguir el PP –y lo que nos niega- en lugar de rogar que gobierne la lista más votada, en lugar de arrastrarse ante el PNV y JUNTS, en lugar de convocar manifestaciones contra la amnistía, etc… Puede perseguirlo y hacer reflexionar a la nación entera incluso aunque no alcance la investidura, incluso aunque no disponga de esa mayoría absoluta en el Congreso necesaria para autorizarlo. Puede, además, aprovechar la vía del 87.2 CE que reza “las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa”. Sin embargo, el PP no hace nada. Nada de nada. Esa inacción de fondo determina, a mi juicio, la existencia de ‘la PPSOE’, entendida como ese contubernio político entre el PP y el PSOE para repartirse el poder y esquilmar a los españoles.

Esa PPSOE -y no otra cosa- es la que nos aboca (i) a la ‘Frankenstein 2.0’ con la que dichas desigualdades aumentarán, en beneficio de unos y en detrimento de otros, y, en breve, (ii) a un ‘Franquismo 3.0’ –el ‘Franquismo 2.0’ es el que vivimos actualmente- que alumbrará, “de la ley a la ley” y sin tocar la Constitución, el nuevo régimen de la ‘España Plurinacional’, una suerte de federalismo asimétrico con el que la PPSOE conseguirá el hito de redistribuir la riqueza desde las regiones más pobres a las más ricas mientras nos seguirá robando lo que producimos ya sin límite. Ese ‘Franquismo 3.0’ ya no tendrá nada que ver con ‘Una, Grande y Libre’ sino con 17 territorios con diferentes derechos y lenguas donde algunos seguirán parasitando al resto por culpa de la política liberticida y colectivizadora de la PPSOE que dará al traste con todos los derechos fundamentales y todas las libertades públicas que ahora conocemos. El PP tiene la fuerza necesaria aún para combatir todo esto, pero no le da la gana.

Si esto sigue así –y seguirá- a la sociedad civil solo le quedaría el pequeño cartucho del 87.3 CE que reza “una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas”, siguiendo la regulación de la LO 3/1984. Entonces, podrán comprobar qué asociaciones/fundaciones, qué organizaciones de todo tipo, qué partidos y qué sindicatos están con las personas de este país, proponiendo y sumándose a las iniciativas que se presenten en defensa de la vida, los derechos y la hacienda de los españoles, y quienes se quedan con la subvención que ya reciben de los imperantes y su séquito para seguir esquilmándonos. Vayan pensando en todo esto porque está ya muy cerca.     

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.