España | Política

Manifiesto contra reformas del Gobierno

Un total de 255 periodistas, intelectuales o expoliticos, entre ellos ministros con el PSOE y el PP, han firmado un manifiesto contra el Gobierno en el que cargan contra las recientes reformas que ha llevado a cabo del Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional, advirtiendo de que puede resultar fallido el régimen de libertades de seguir esta dinámica gubernamental y legislativa

El manifiesto dirige una llamada al PSOE para que “recupere su proyecto histórico” que, a juicio de los firmantes, “ha quebrado” el actual Gobierno de coalición y llama a que “alcen la voz los muchos socialistas” que, señalan, asisten alarmados a ese hecho.

El texto, firmado en Madrid y Barcelona, está refrendado por los periodistas Miguel Ángel Aguilar, Jorge Bustos, Antonio Caño, Diego Carcedo, Juan Luis Cebrián o Augusto Delkader; los expolíticos Rosa Díez y Joaquín Leguina; el diplomático Inocencio Arias: el escritor y académico Félix de Azúa; el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras; el arquitecto Luis Fernández-Galiano; los filósofos José Luis Pardo y Fernando Savater; o el escritor Andrés Trapiello.

Los manifestantes denuncian que la actual coalición de Gobierno “ha quebrado el proyecto histórico del PSOE comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, expresión genuina del pacto de concordia alcanzado en la transición” y lamentan también que la derecha actual carece de “energía”, “propuestas” y “discurso adecuados para resolver la situación actual”.

Además lamentan que las decisiones del Ejecutivo “coinciden con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución” y alertan de que pueden derivar en un proceso que “acabaría destruyendo la nación política española”.

En este sentido, el manifiesto señala sobre iniciativas en el Parlamento que, en opinión de los firmantes, transgreden “la separación de poderes, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y quórums en el Consejo General del Poder Judicial”.

El manifiesto menciona que se ha otorgado “impunidad”, “mediante leyes ad hoc”, a los líderes independentistas de Cataluña por los hechos de septiembre y octubre de 2017.

Esa impunidad, entienden, deja sin protección la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas.

Censura en concreto la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa que desbloqueaba la renovación del Tribunal Constitucional, una tramitación que el tribunal de garantías paralizó siguiendo una petición del PP —argumentando que era inconstitucional la presentación de enmiendas a una proposición de ley para cambiar otras normas (la del Constitucional y la del Poder Judicial) sin conexión alguna con esa ley (el Código Penal)— y solo tres días antes de que se votase en el Senado.

La resolución suscitó las críticas del Ejecutivo, que acató la sentencia, pero calificó lo sucedido de “máxima gravedad”. 

En este punto, el texto afirma que el texto impulsado por los partidos formantes del Gobierno eludía “los informes técnicos consultivos (...) y permiten a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución”, en un proceso que, advierte, es propio de las democracias liberales que “se pervierten para convertirse en regímenes iliberales”.

Tras la exposición, los firmantes hacen un llamamiento al PSOE para que recupere su proyecto histórico” y llama a que “alcen la voz los muchos socialistas” que, aseveran, observan alarmados el proceso.

También aluden al PP y “al resto de fuerzas constitucionalistas” para “que cumplan serena y eficazmente sus deberes irrenunciables sin quiebra alguna”. 

Y hacen una última llamada la sociedad española para “que reaccione cívicamente ante estas políticas gubernamentales y legislativas, con especial invocación a los jóvenes”.