La FAPE condena lista elaborada por Interior con periodistas "afines" y "problemáticos"
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su más enérgica condena ante la revelación confirmada, por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024.
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La lista incluye a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
En ella también figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
La FAPE ha señalado en un comunicado que, en una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información.
"Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno. Resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas "afines" y "problemáticos" desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional", ha señalado.
Ante estos hechos, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha exigido al Ministerio del Interior el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación y depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.
La FAPE ha realizado un llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
"La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía democrática de toda la sociedad: cuando se vigila a quienes informan, se controla indirectamente el derecho a recibir información veraz", ha reiterado.
Manifiesto
Las organizaciones profesionales y sindicales firmantes del manifiesto “En defensa de la profesión periodística y del derecho a la información” reclaman a los poderes públicos que garanticen la seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación y exigen el cese de las estrategias de señalamiento personal contra periodistas.
El documento expresa un compromiso compartido: “no vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo.”.
La declaración considera intolerable que quienes ejercen el periodismo, fotoperiodismo, cámaras y otros equipos técnicos de los medios sufran insultos, persecuciones, amenazas o agresiones mientras cubren manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias o cualquier otro acontecimiento de interés público.
Las organizaciones han recordado que proteger su trabajo es también proteger el derecho de la ciudadanía a conocer lo que sucede y a recibir información.
El manifiesto sitúa la libertad de información como un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y como una condición imprescindible para la democracia.
Desde esa convicción, propone una respuesta común de la profesión frente a las conductas que intimidan a quienes informan o dificultan el ejercicio de su trabajo.
Condena
Las entidades firmantes reclaman a todas las fuerzas políticas y a todos los responsables institucionales, sin excepción, que condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra los equipos de información y abandonen las estrategias de señalamiento personal.
El documento considera especialmente grave que desde algunos grupos políticos se convierta a periodistas concretos en adversarios personales o se utilicen términos como “terrorista” para referirse a profesionales que están haciendo su trabajo. Advierte de que estas conductas crean un clima que puede transformar la hostilidad en acoso y el acoso en violencia.
Las organizaciones recuerdan que el trabajo periodístico puede ser criticado, discutido y cuestionado y que, cuando se cometen errores, quienes lo ejercen deben responder por ellos. Al mismo tiempo, establecen un límite claro: “una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión”.
Mayor protección
El manifiesto pide a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen el derecho de los profesionales de la información a desarrollar su trabajo con seguridad, especialmente en manifestaciones, disturbios y otras situaciones de tensión o riesgo.
Las organizaciones demandan una mayor vigilancia para ofrecer una protección adecuada a los profesionales de la información y a los equipos técnicos de radio y televisión que los acompañan.
Subrayan que su identificación como integrantes de un equipo informativo los convierte, con frecuencia, en víctimas de acoso y hostigamiento, y reclaman que puedan desempeñar su labor sin quedar expuestos a esas conductas.
Asimismo, solicitan que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia y que sus responsables respondan ante la ley. “La impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre”, advierte el documento, porque traslada al conjunto de la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio.
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