El PSOE registra en solitario la ley de amnistía
El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso, en solitario, sin las firmas de sus socios de investidura (Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG), la proposición de ley de amnistía que anula la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de las personas vinculadas con el proceso soberanista en Cataluña durante una década, desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.
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La proposición de ley fue trasladada este mismo lunes por la mañana a los partidos interesados para que la analizaran.
Poco antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras hablarlo con el candidato a la investidura como presidente, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria del pleno para los próximos miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre.
La proposición de ley de amnistía se aplicará no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y junto a ellos los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el referambién incluye incluye una referencia directa al expresident Puigdemont al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
Además la proposición de ley de amnistía justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es “necesaria”, pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade el texto, “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”, expone el preámbulo de la norma.
La propuesta excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo.
Son la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, y la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Sin alusiones al “lawfare”
La proposición, por otro lado, no incluye ninguna alusión al “lawfare” o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales.
El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts de la semana pasada y que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial.
Sí prevé, sin embargo, la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley de amnistía presentado hoy subraya que con la “decisión de política legislativa” que asumen las Cortes con este perdón “no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”.
Eximidos de pagar entre 3 y 5 millones por el “procés”
Además de los procedimientos penales, la ley de amnistía también borrará la presunta “responsabilidad contable” de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, que este viernes tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas, en el que se les reclama entre 3 y 5 millones de euros.
Éste del Tribunal de Cuentas es uno de los procedimientos más inminentes por el “procés” y afecta, además de a Puigdemont, al expresident Artur Mas, al exvidepresident Oriol Junqueras, a varios exconsejeros y exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del “procés”.
La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, cantidad que reclama que abonen los abonados de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, la eleva a 5,3.
Sesión de investidura
La Sesión de Investidura con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como candidato a la Presidencia del Gobierno c se celebrará los próximos miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, ha anunciado hoy la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En una declaración en el Escritorio de Prensa, la presidenta de la Cámara Baja ha comunicado esta decisión, tras hablar con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, que le ha transmitido que ha concluido la "ronda de negociaciones" con los grupos políticos con representación parlamentaria y que "está en condiciones de poder ir al debate de investidura".
Procedimiento de investidura
La sesión de investidura está prevista en el artículo 99 de la Constitución y regulada en los artículos 170 a 172 del Reglamento del Congreso.
El debate arranca con la intervención del candidato, que expone ante el Pleno el programa del Gobierno que prevé formar y solicita la confianza al Congreso.
Tras su intervención, toman la palabra los representantes de los grupos parlamentarios para fijar posición y, tras concluir el debate, se celebra la primera votación.
En la votación, que es pública por llamamiento, se nombra a los diputados uno a uno, por orden alfabético a partir de un miembro de la Cámara elegido al azar, para que en voz alta digan "Sí", "No" o "Abstención" al otorgamiento de la confianza.
En esta primera votación, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno -176 diputados- para ser elegido presidente del Gobierno.
Si no la obtiene, se convocará una nueva votación pasadas 48 horas desde la primera.
En este segundo debate, que tendría lugar, en su caso, el sábado 18 de noviembre, el candidato volverá a pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios fijarán posición.
En esta segunda votación, el candidato será investido presidente si obtiene mayoría simple, más votos a favor que en contra.
Si Sánchez no obtuviera la confianza de la Cámara, se podrían tramitar nuevas propuestas siguiendo el mismo procedimiento: el Rey, tras consultar a los representantes de las formaciones con escaño en el Congreso, propondría candidato a través de Armengol.
No obstante, una nueva sesión de investidura debería concluir en todo caso antes del 27 de noviembre, fecha en la que finaliza el plazo de dos meses previsto en el artículo 99.5 de la Constitución y que arrancó el 27 de septiembre, fecha de la primera votación de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno. T
erminado el plazo de dos meses se disolverían las Cortes Generales y se convocarían nuevas elecciones generales el 14 de enero de 2024.
