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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión por tráfico de influencias

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado hoy la sentencia del llamado 'caso mascarillas', por la que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su ex asesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. 

El empresario Víctor de Aldama, al que se aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por  delitos de organización criminal y cohecho. 

El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año. 

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. 

Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del ex ministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos. 

El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

Hechos probados

La sentencia da por hechos probados que José Luis Ábalos fue nombrado ministro de Fomento del Gobierno de España, el 6 de junio de 2018. Con anterioridad, el 18 de junio de 2017, había sido nombrado secretario de organización del PSOE, manteniéndose en el cargo hasta el 12 de julio de 2021, fecha en la que también cesó como ministro. 

Durante los viajes realizados en la promoción de la candidatura de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español,  Pedro Sánchez, que se presentaba a dichas elecciones primarias, Ábalos conoció en Navarra al también acusado Koldo García, persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) y de la confianza de Santos Cerdán. 

Fue este últikmo quien recomendó  a Ábalos que contratara a Koldo García, como su conductor.

Ello determinó que Koldo García trasladara su residencia a Madrid y pasara a ser asalariado del PSOE, a partir del 25 de octubre de 2017

Mientras trabajó como conductor al servicio de Ábalos, se estableció entre ambos una relación estrecha de modo que, recién nombrado ministro de Fomento, procedió Ábalos a designar a Koldo García su asesor personal de absoluta confianza

Koldo García, convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que García era el fiel transmisor de sus decisiones e incluso manejaba los ingresos de dinero en efectivo de Ábalos de tal manera que, en ocasiones, se confundían con su propio patrimonio

Víctor de Aldama es un empresario español, que conoció, en el último trimestre de 2018, a Koldo García, entablando con él una frecuente relación que se extendió pronto a su superior, José Luis Ábalos.

En los meses siguientes a la citada fecha, el ministro, a través de su asesor, encomendó a Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad. Además, los tres coincidieron en distintos acontecimientos. 

En el desarrollo de estas relaciones personales, los acusados vieron la oportunidad de obtener un común beneficio económico. 

Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, de empresas cuyos intereses captaría.

Con este fin, los tres acusados, eventualmente con intervención de terceros no enjuiciados, constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones.

Así, Ábalos, a quien tanto Koldo García como Aldama consideraban el jefe, aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el MITMA y como secretario de organización del partido que sustentaba al Gobierno su directa influencia cuando era precisa, aprovechándose, en lo demás, de su hombre de confianza, Koldo García, que siempre actuaba en su nombre. 

Víctor de Aldama era la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también acusado Koldo García y sobre el mismo José Luis Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de otras cantidades de dinero, conseguía, para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos, alguno de los cuales integran el objeto de la presente causa.

En la organización así conformada, Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García. 

Los integrantes de la organización descrita acordaron la futura comisión de delitos estableciendo una  organización que tenía, desde su origen una vocación de permanencia en el tiempo. 

Su cohesión no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación a este empresario de una interlocución privilegiada en sus relaciones con el MITMA, con otros departamentos ministeriales y con diferentes Administraciones Públicas, realizando a tal fin cuantas gestiones fueron precisas.

 

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