El Gobierno crea Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un Real Decreto por el que se crea el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.
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Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.
El Defensor/a será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos.
Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.
El Gobierno comparte con las asociaciones de víctimas la necesidad de crear esta figura y ha incorporado al Real Decreto la misión que ellas propusieron: la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas.
Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades.
Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.
Estructura
Se creará una Oficina del Defensor/a, con rango de Dirección General, que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas; un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que lo asesorará de forma directa.
El Defensor o Defensora será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ámbito de actuación y funciones
El Defensor/a actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús.
Podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio.
El Real Decreto aprobado hoy define a la víctima de forma amplia, no sólo quien fallece, desaparece o resulta herido; sino también quien sufre daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependían de ella, en la medida en que el accidente les afecta directamente.
Sus funciones se organizan en diez bloques, desde la coordinación institucional y capacidad de intervención hasta las competencias y garantías para el ejercicio de sus funciones. Entre ellas destacan:
Interlocución: será el interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante todas las administraciones, organismos y entidades implicadas. La atención a las víctimas se prolongará a medio y largo plazo, también cuando se desmontan los dispositivos de emergencia.
Coordinación: establecerá un marco común para una respuesta coordinada, con información clara y asesoramiento continuado. Colaborará además en la elaboración de protocolos de asistencia tras un accidente, con especial atención a las personas vulnerables.
Información y asesoramiento: orientará sobre derechos y cómo ejercerlos, ayudas disponibles, reclamación de daños, acceso a la justicia gratuita y derechos económicos, y facilitará el apoyo emocional y terapéutico.
Cooperación con la investigación técnica: colaborará de forma particular con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia.
Colaboración con las asociaciones de víctimas y con otras instituciones dedicadas a la atención a las víctimas.
Transparencia y rendición de cuentas: elaborará informes sobre la atención prestada en cada accidente y las reclamaciones recibidas, y un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento ético de la información sobre estos accidentes.
Capacidad de requerimiento: podrá requerir a órganos, organismos y administraciones la información necesaria para ejercer sus funciones.
Las asociaciones de víctimas formarán parte activa, consultiva y permanente en todas sus funciones, a través de un grupo de trabajo. El objetivo es trabajar con las víctimas y no solo para ellas.
El Defensor/a no sustituye a ningún organismo. Respetará la independencia de la AITAT y la función de los órganos judiciales, así como las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte.
Cuando deba actuar en esos ámbitos, lo hará mediante instrumentos de cooperación entre administraciones.