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Cuenta atrás para los peajes en autovías

El Gobierno ha iniciado los trámites para estudiar las diferentes posibilidades que hay para introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024.

El paso de la gratuidad al pago de peajes en las autovías es un compromiso del Gobierno con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.

La Dirección General de Carreteras ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según ha publicado el portal de contrataciones, con un coste de 1,4 millones de euros y un plazo de 10 meses.

El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.

No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo.

El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.

Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida.

La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.

Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.