La Covid 19 impacta en el déficit del Estado
El Ministerio de Hacienda ha difundido el dato de déficit del Estado hasta octubre, que se sitúa en el 5,22% del PIB, en términos de contabilidad nacional.
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Asimismo, ha publicado el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de septiembre, que alcanza el 6,82% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.
Hasta octubre, el déficit del Estado se sitúa en 57.736 millones de euros lo que equivale al 5,22% del PIB.
Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario) la cifra desciende hasta el 3,54% del PIB.
Esta evolución obedece, por un lado, al descenso de los recursos un 13,5% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria.
Por otro lado, los gastos crecen un 16%, hasta los 206.617 millones, a un ritmo inferior al registrado en el mes anterior.
Ese comportamiento se explica, fundamentalmente, por el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.
Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros del Estado hasta octubre se sitúan en 148.881 millones, lo que supone una disminución del 13,5% respecto a 2019. L
os ingresos correspondientes al mes de octubre están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Así, los recursos impositivos -representan el 82,9% del total- se sitúan en 123.365 millones, lo que implica una disminución del 15,5%.
Por un lado, se produce un descenso del 12,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA cae un 13,6%, hasta los 53.856 millones.
Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por el impacto de las medidas adoptadas como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19.
Sin embargo, el IVA sigue moderando su descenso respecto a los meses precedentes.
Los ingresos hasta octubre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ascienden a 755 millones, frente a los 318 millones en el mismo periodo del año, dado que se suspendió la presentación e ingreso de este impuesto en el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019. Asimismo, los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 23,1%, hasta alcanzar los 1.050 millones
Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 20,2%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 16,3%, fundamentalmente por el descenso de los pagos fraccionados que caen hasta octubre un 31,3%. Por su parte, el IRPF desciende un 22,8% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, así como a los menores dividendos repartidos, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.
También descienden los impuestos sobre el capital un 53,6% y las cotizaciones sociales un 0,8%, principalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.
En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 37,9% así como los intereses, que disminuyen un 13,4%.
Empleos no financieros del Estado
Hasta octubre los empleos no financieros han ascendido a 206.617 millones, cifra superior en un 16% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.
En concreto, las transferencias a las comunidades autónomas aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior.
A lo anterior hay que sumar la parte correspondiente a dos tramos del Fondo COVID de las comunidades, no reembolsable, por importe de casi 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones).
Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las comunidades autónomas han recibido para atender gastos relacionados con la COVID, entre otros: 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 40 millones del programa de refuerzo educativo, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.
Los consumos intermedios se incrementan en un 9,1%, crecimiento en el que inciden los 766 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido a la subida salarial del 2% así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,1%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.
Destaca también el incremento de la inversión en un 47,6%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación antes mencionada de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). Esta rúbrica incluye asimismo un gasto de 96 millones por la compra de respiradores mecánicos para atender la emergencia sanitaria.
Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,1% de los intereses. También por la disminución del 0,9% de la cooperación internacional corriente y la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 867 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 16,6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.
Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (septiembre)
Hasta septiembre de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 75.417 millones, lo que equivale al 6,82% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 75.403 millones de euros, también el 6,82% del PIB.
Administración Central
La Administración Central ha registrado un déficit del 5,17% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 14 millones hasta septiembre.
- El déficit del Estado en septiembre equivale al 5,11% del PIB, lo que supone 56.498 millones.
- Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 643 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,06% del PIB, lo que implica un descenso del 55,7% respecto a 2019.
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año.
Esta evolución positiva se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos necesarios a las CCAA para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la COVID-19.
Los ingresos crecen hasta septiembre un 9%. En esta evolución cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos un 7,3%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 18,7% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 14%, como ya se ha detallado con anterioridad, por los mayores recursos recibidos del Estado.
Asimismo, hay que tener en cuenta que, tanto en 2019 como en 2020, ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.
Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 24,5%, destacando el descenso del 23,8% del ITP y AJD.
Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 9%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,5% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta septiembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,6%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.
Las subvenciones se elevan un 12% y las prestaciones sociales un 5,4%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 2,6%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 14,8% y en un 3,1%, respectivamente.
Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta septiembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 CCAA, logran situarse en superávit.
De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 5.275 millones en gasto socio-sanitario, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,89% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los efectos sanitarios y económicos ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta septiembre, los recursos se han incrementado un 12,6%, fundamentalmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,1%.
El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 24.281 millones, lo que representa el 2,2% del PIB, y supone un 80,5% de todo el incremento de gasto registrado hasta septiembre.
El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 7.589 millones, un 0,69% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 9%. Esta favorable evolución se debe a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 93.806 millones, con un incremento del 1% respecto a los de finales de septiembre de 2019.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 118.225 millones, un 8,7% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 13.195 millones hasta septiembre. Las cotizaciones sociales descienden un 1,6%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta septiembre en 14.618 millones.
Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de septiembre de más de 12.500 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 62% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.
Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.611 millones, un 47,3% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.
Por último, el FOGASA registra hasta septiembre un resultado negativo de 89 millones.
