Pide a Fiscalía que paralice Toro de la Vega
El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado a la Fiscalía que adopte medidas para que se paralice el Torneo del Toro de la Vega programado para el próximo día 13 en Tordesillas (Valladolid) al entender que según sus nuevas bases reguladoras podría derivar en un delito de maltrato animal.
Aportación en la primera vuelta al mundo
La Junta apuesta por el cicloturismo
Así lo pide en un escrito presentado este jueves en la Fiscalía de Medio Ambiente por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres.
La Dirección General de Derechos de los Animales ha instado a la Fiscalía a que se establezcan medidas cautelares para la no autorización del torneo del Toro de la Vega convocado por el Ayuntamiento de Tordesillas para el martes 13 de septiembre
En este sentido ha alegado que sus nuevas bases contravienen el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León ya que aunque ya se prohíbe dar muerte en público al animal permiten clavarles arponcillos con punzones, lo que estima que supone además un delito de maltrato animal.
Además ha recordado que el citado reglamento establece que "en todos los espectáculos taurinos populares queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses, así como darles muerte en presencia del público"
El escrito presentado en la Fiscalía advierte de que las nuevas bases reguladoras del torneo permiten la colocación de hasta siete divisas al toro, "unos dispositivos terminados en arpones que se utilizan y están diseñados para ser clavados en el animal".
La Junta de Castilla y León ha publicado un comunicado en el que pide ser respetuosa con las decisiones que corresponda adoptar a los jueces y tribunales.
En segundo lugar, en relación a la declaración realizada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, ha señalado que es importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho, algo que las declaraciones de la secretaria de Estado pone en evidencia que no es así.
