Ecologistas en Acción de Castilla y León exige suspensión cautelar de quema de rastrojos
Ecologistas en Acción Castilla y León ha presentado un Recurso de Alzada exigiendo la suspensión cautelar e inmediata de la Resolución de 8 de octubre de 2026 (publicada en el BOCyL el 9 de octubre), de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se autoriza la quema controlada de rastrojos agrícolas para la campaña 2026/2027 bajo el pretexto de controlar las poblaciones de topillo campesino.
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El recurso presentado por la organización ecologista fundamenta la ilegalidad de la medida en la falta de motivación y transparencia de la resolución que invoca un informe técnico del ITACYL y un acuerdo del Consejo de Gobierno cuya documentación no se ha hecho pública de forma completa, impidiendo verificar si existen datos técnicos que sustenten la proporcionalidad de la medida en todo el territorio autonómico.
Por lo que, atendiendo al artículo 53 de la Ley 39/2015, se ha solicitado la entrega del expediente administrativo completo, incluyendo los informes técnicos del ITACYL y las evaluaciones ambientales de la medida.
La organización ambiental considera que también existe una vulneración de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados, ley estatal que en su artículo 27.3 prohíbe con carácter general la quema de residuos vegetales, imponiendo que la quema fitosanitaria sea un último recurso, exigiendo motivar la ineficacia de otros tratamientos. La resolución recurrida invalida este principio al permitir la quema como actuación autónoma sin requerir ni tener en consideración la idoneidad de las medidas alternativas.
La Resolución recurrida entra en conflicto con la prevención de incendios ya que la habilitación permitida por una Dirección General pretende vulnerar una norma de rango superior (la Orden FYM/510/2013), que prohíbe expresamente quemar rastrojos durante todo el año en montes y terrenos rústicos a menos de 400 metros de los mismos. Incurre así en una invasión de competencias y en una infracción del principio de jerarquía normativa y de la Ley de Montes.
Desde Ecologistas en Acción señalan que la Declaración de situación fitosanitaria excepcional aprobada por la Junta reconoce la existencia de un nivel bajo de poblaciones de topillos, y la quema de rastrojos se autoriza en toda CyL, incluso en zonas donde históricamente no ha habido explosiones poblacionales de topillos.
Resulta preocupante, a su juicio, que se recurra a medidas drásticas sin un criterio científico riguroso, que recuerda a los errores cometidos en la crisis de 2007, cuando el reparto masivo de raticidas provocó el envenenamiento de la cadena trófica y el colapso de especies protegidas de rapaces.
Las quemas agrícolas generan emisiones contaminantes a la atmósfera, degradan la estructura y la materia orgánica del suelo, destruyen la macrofauna edáfica y suponen un riesgo evidente de propagación de incendios.
La Federación de Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente la suspensión cautelar de la resolución al amparo del artículo 117 de la Ley 39/2015. Ejecutar las quemas antes de resolver el recurso causaría daños ambientales de imposible o difícil reparación, además de desvirtuar el concepto de interés público, el cual debe priorizar la protección de la biodiversidad frente a pretensiones sectoriales.