Más de 330 solicitudes de acceso a la información
Este lunes, 28 de septiembre, Naciones Unidas promueve la conmemoración del Día Internacional por el Acceso a la Información. En los primeros ocho meses de este año la Junta de Castilla y León ya ha gestionado un número de expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información casi idéntico al correspondiente al año anterior completo.
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La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior recuerda, aprovechando esta fecha, la actividad que sobre esta materia gestiona el Gobierno autonómico y que en el transcurso de 2020 –y hasta el mes de agosto- fue de 333 expedientes generados, 272 resoluciones estimatorias, 48 inadmitidas, ocho desestimatorias y 78 pendientes de resolución.
En 2019, la cifra total anual de expedientes gestionados fue de 337. El Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, actualmente en tramitación, se basa en el principio proacceso, por lo que se habilitarán facilidades, se agilizarán plazos y se incorporará un procedimiento alternativo a la reclamación consistente en la mediación.
Las estadísticas desglosadas desde el año 2015 son uno de los contenidos disponibles en el propio Portal de Gobierno Abierto, en el que se detalla y se aclara que el derecho de acceso a la información pública puede ejercerse para obtener documentos o datos en poder de distintos sujetos –en concreto, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León- ya los hayan generado ellos o los hayan adquirido para el ejercicio de sus funciones; en definitiva, se trata de tener acceso a datos e informaciones derivadas de la gestión pública que efectúa la Administración autonómica.
El Portal de Gobierno Abierto también recoge la normativa específica, las tramitaciones, las resoluciones, las reclamaciones y la evaluación, con memorias del Comisionado de Transparencia y actuaciones de oficio del Procurador del Común .
Entre los compromisos de legislatura de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se encuentra una nueva ley de transparencia, que sustituya y amplíe el contenido de la existente a nivel autonómico y en vigor desde el año 2015.
En relación con el derecho de acceso a la información –conocido también como “derecho a saber”-, el Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización regula el régimen jurídico del derecho de acceso a la información pública, que ya la propia exposición de motivos destaca por notas singulares que lo acercan a la órbita de los derechos fundamentales.
Con este carácter se reconoce en muchos países, algunos de ellos de nuestro entorno cercano, e incluso a nivel comunitario. Por este motivo se regula en los términos más amplios posibles la titularidad del derecho, al ser más importante lo que se pide, que quién lo pide. Al fin y al cabo si la información debe ser pública y accesible, el dato que quien solicite su puesta a disposición debería ser irrelevante.
