La Junta propone que el Estado aporte más a la financiación de la Ley de Dependencia
Tras seis meses de trabajo, la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de la Dependencia ha presentado el informe que será remitido al Consejo Territorial para su discusión. El informe final de conclusiones ha tenido muy en cuenta las propuestas de la Junta y, así, recoge la necesidad de actualizar la Ley de Dependencia para incrementar la financiación del Estado.
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Además el informe señala la necesidad de tener en cuenta las características de los territorios y el coste de servicios y prestaciones en la financiación; priorizar los servicios respecto a las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas, además de revisar los modelos estadísticos para adaptarlos a las necesidades actuales de información.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha señalado que la Comisión ha culminado sus trabajos y, tras diez reuniones desde marzo hasta hoy, ha presentado su informe, que será discutido ante el Consejo Territorial el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y remitido al grupo de trabajo sobre financiación autonómica.
En este sentido, García ha destacado que en el informe se han tenido en cuenta las aportaciones de Castilla y León y ha valorado el consenso alcanzado entre comunidades autónomas y Gobierno. No obstante, y a pesar de que existe un amplio consenso entre los miembros de la Comisión en la práctica totalidad del informe, García ha recordado que se ha abierto un plazo de unos días para que se puedan hacer todavía algunas aportaciones a las conclusiones, ya que algunas comunidades autónomas lo solicitaron.
Castilla y León ha defendido, y así lo recoge el informe elaborado, la necesidad de abordar cuanto antes una propuesta para mejorar la Ley de Dependencia de 2006, revisar los mecanismos de financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema.
García ha valorado el cambio sustancial en la posición del Gobierno, reconociendo la necesidad de mejorar la financiación por su parte, hasta recuperar, en los próximos tres años, las cuantías del nivel mínimo pérdidas con motivo de la crisis.
Nivel mínimo
Este ‘nivel mínimo’ es la cantidad que reciben las comunidades autónomas del Estado por cada persona que recibe prestaciones y en función del nivel de dependencia de esas personas.
Castilla y León ha defendido la necesidad de que el Gobierno incremente su financiación, aunque el compromiso del Gobierno en este incremento en las cuantías del nivel mínimo está todavía lejos de llegar a la financiación global del 50 % de la Dependencia por parte del Estado y tendrá que ser analizado por el grupo de trabajo de financiación autonómica.
Este incremento permitiría a Castilla y León recuperar, en 2020, lo perdido en este nivel mínimo de financiación, ya que en la actualidad, con la disminución de la aportación del Estado en 2012, la Comunidad deja de recibir al año unos 15 millones de euros, que se recuperarían en tres años.
En 2016, la Junta de Castilla y León destinó a la atención a las personas dependientes 534,4 millones de euros, de los que 104,7 millones de euros, un 20 % del total, provenían del Estado.
Alicia García ha destacado que el informe también recoge la propuesta de Castilla y León de que el sistema de financiación tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones y que, para el cálculo de los costes, se contemplen las características de los territorios o la dispersión geográfica.
Otros de los aspectos defendidos por Castilla y León y recogidos en el informe es la necesidad de priorizar los servicios respecto a las prestaciones económicas, siempre respetando la voluntad de las personas en situación de dependencia, tal como se hace en Castilla y León, y la importancia de profundizar a través de estudios en el impacto que la Ley de Dependencia puede tener en el empleo, especialmente en el empleo femenino.
Junto a esto, se ha establecido el compromiso de todos para sacar adelante la Ley de Dependencia y mejorar la gestión en lo que cada Comunidad tenga que mejorar, como puede ser el caso en buena parte de España de las listas de espera. Castilla y León no tiene este problema al no tener lista de espera y al haber alcanzado la plena atención, pero se ha marcado el reto de seguir agilizando en los próximos tres años la gestión y reconocer el derecho a las prestaciones a partir del tercer mes desde que se presente la solicitud, a pesar de que la Ley señala como fecha que sea a partir del sexto mes.
