La Junta insta al Gobierno a financiación adicional para la PAC
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha instado hoy al Estado a que consiga en Europa una financiación adicional para la PAC en España que compense el recorte de fondos acordado en el Consejo Europeo de esta semana.
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Carnero ha asistido hoy a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se debaten aspectos de la estructura de la aplicación en España de la futura PAC.
Todo ello, una vez que se ha desvelado la primera incógnita, la financiación global, acordada por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE esta misma semana en la Cumbre Europea a la que ha asistido el presidente del Gobierno.
Se ha estado esperando la aprobación del Marco Financiero Plurianual europeo (MFP), que engloba la financiación de todas las acciones y políticas apoyadas por el presupuesto de la UE, para avanzar en cómo se aplicará la nueva PAC, política que supone para Castilla y León actualmente unos 1.100 millones de euros al año.
La financiación global de la PAC se ha visto inmersa en la negociación de las medidas extraordinarias para el plan de recuperación europea, este último con nuevo instrumento dotado con 750.000 millones de euros añadidos al marco financiero plurianual que finalmente contará con casi 1,1 billones de euros, en precios constantes 2018, para el periodo 2021-2027.
Lo que es evidente es que el gran peso de la negociación se ha centrado de forma evidente en los 750.000 millones del nuevo instrumento denominado Next Generation para la Unión Europea, frente al marco financiero plurianual con más financiación.
Si Castilla y León ya se lamentaba del prácticamente abandono del apoyo inicial propuesto en este nuevo instrumento para apoyar la recuperación de las áreas rurales, como complemento del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) -que no hay que olvidar que es un fondo de la PAC- en concreto 15.000 millones de euros (tan solo el 2 %), el acuerdo final en la Cumbre Europea ha olvidado prácticamente a la PAC en él, ya que se ha reducido a la mitad, a 7.500 millones de euros. Es lamentable que la mayor parte del territorio de la UE, de España y de Castilla y León, las áreas rurales, sólo contarán con el 1% del nuevo plan de medidas excepcionales para reactivar la situación económica y social.
Pero, además, en términos generales la PAC contará, incluyendo estos 7.500 millones de euros de este Plan, con 344.000 millones de euros, a valor de 2018.
Esto no es una buena posición de partida en términos generales, dado que implica una reducción en la Unión Europea de un 10 por ciento. Y esa reducción es mayor aún, en torno al 12 por ciento, si sólo se cuenta con la financiación de la PAC específica para las áreas rurales a través del Feader.
Carnero ha planteado que, aunque esta es una negociación externa global, el Gobierno de España tiene ahora una posibilidad de mejorar la dotación con la distribución de fondos por Estados miembros y ha instado al ministro Planas a que ahora, en la siguiente fase, se centre en el sector agrario y alimentario y defienda los intereses de las áreas rurales.
La pérdida general en Europa debe ser compensada para España.
Igual que se han negociado ‘cheques de retorno específicos’ para Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia, es necesario que se consiga otro para España, pero eso sí, ahora le toca al sector agrario y a la PAC.
Menos apoyo para las áreas rurales
Además de la financiación necesaria para compensar esa pérdida del 12 por ciento en Feader, la Cumbre Europea ha acordado reducir la tasa de cofinanciación a amplias zonas del territorio rural de la UE, en concreto a Castilla y León.
La aportación del Feader pasará del 53 por ciento del gasto realizado al 43 por ciento, eso significa un 10 por ciento menos que llevará consigo desinvertir en los territorios rurales.
Castilla y León ha pedido al Ministerio, que esa tasa no bajara, por lo menos había que mantenerla, y además ha solicitado que en la negociación europea hubiera financiación adicional del Feader para los territorios rurales con problemas de despoblación. El resultado ha sido nefasto, no sólo no se ha mantenido la financiación sino que además se desinvierte reduciendo la participación europea diez puntos respecto a la actual.
Jesús Julio Carnero ha instado al Gobierno a que se rectifique este Acuerdo para corregir esta injusta decisión y de no hacerlo se recurrirá al Parlamento Europeo para que enmiende el Acuerdo de la Cumbre Europea, eliminando esta reducción de la tasa de participación del Feader e incorporando una financiación adicional.
La PAC no debe desvincularse de su principal objetivo
En el ámbito ya de la definición de cómo se aplicará en España la nueva PAC, Carnero ha indicado al Ministerio, que ya se ha empezado mal con el Acuerdo de la Cumbre Europea, en el que se ha aceptado que las exigencias medioambientales sean mayores en la PAC que en el resto de actuaciones de la Unión Europea.
En el Acuerdo adoptado esta semana, los objetivos medioambientales de todas las acciones con financiación europea deben cubrir el 30 por ciento excepto en la PAC que será del 40 por ciento que pudiera ser incluso mayor como consecuencia de los cambios del modelo productivo que se deriven de las estrategias de la Granja a la Mesa y de la Biodiversidad en 2030, todo ello englobado en un entorno de mercado globalizados enormemente competitivos.
Carnero ha instado al ministro Planas que en la nueva estructura de la PAC en España se refuerce el apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos.
La ayuda básica de la PAC para este objetivo debe ser al menos del 70 por ciento de la financiación del primer pilar, frente a sólo el 56 % que propone el Ministerio.
La principal amenaza que tiene el sector agrario son los precios de mercado, los agricultores y ganaderos están dando la cara para abastecer de alimentos, más aún cuando se les ha necesitado en los momentos duros de la pandemia del Covid-19, y sin embargo, el mercado no les compensa con precios justos.
No se puede exigir más esfuerzos con menos ambición presupuestaria lo que supondrá retroceder y destinar financiación a otros objetivos diferentes.
Para cumplir los objetivos medioambientales que se han acordado en la Cumbre Europea, debe computarse también la ayuda a la renta, ya que para percibir esta ayuda se exigen importantes requisitos medioambientales, la denominada ‘condicionalidad reforzada’.
Se garantizan los pagos de la PAC en los dos próximos años con las condiciones actuales
La nueva PAC empezará a aplicarse de forma íntegra a partir del 1 de enero de 2023, mientras tanto se está trabajando en la definición de aspectos importantes que permitirán la aplicación armonizada en España de esta política a través del nuevo modelo de planificación estratégica cuyo instrumento será el Plan Estratégico Nacional de la PAC, en el que se recogerán todas las intervenciones tanto las ayudas directas como las ayudas de desarrollo rural.
Carnero ha indicado que en estos dos próximos años, la PAC va a continuar en los términos en los que la conocemos, garantizándose los pagos directos. Ahora el foco se centra en cómo se aplicará a partir de 2023.
La figura de agricultor genuino, que se va a definir a nivel nacional y de la que se ha empezado a hablar hoy, va a estar relacionada con los ingresos agrarios e ingresos totales de los potenciales solicitantes. Para Castilla y León esta figura es importante y la Junta va a a defender que si los ingresos que reciben los solicitantes de las ayudas proceden de forma significativa de la actividad agraria continúen con las ayudas de la PAC.
Incluso las entidades asociativas, como las cooperativas, no verán mermadas las ayudas con la reducción que se producirá a las grandes explotaciones, aquellas que reciban más de 100.000 euros de ayuda básica a la renta.
Además, todos estos agricultores y ganaderos tendrán la posibilidad de acogerse a nuevas prácticas medioambientales voluntarias, a través de ayudas anuales en el marco de los denominados Ecoesquemas. Desde la Junta se defiende que estas nuevas medidas sean fáciles de cumplir, universales y abiertas a todos los productores.
Los profesionales agrarios tienen que verse identificados con estas prácticas sostenibles que se definan en los próximos meses y que puedan acogerse a ellas a partir de 2023.
