La Junta flexibiliza ecorregímenes para adaptar la PAC a realidad del campo
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado nuevas medidas de flexibilidad para la aplicación de los ecorregímenes en la campaña agrícola 2026/2027.
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La decisión adapta determinadas exigencias de la PAC a las condiciones agronómicas, fitosanitarias y económicas que afrontan las explotaciones de Castilla y León, con un objetivo claro: que las obligaciones ambientales sean compatibles con la producción, la rentabilidad y la prevención de riesgos para los cultivos y la salud pública.
La resolución declara la existencia de circunstancias excepcionales por la presencia de elevadas poblaciones de topillo campesino y atiende a las recomendaciones científico-técnicas de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados.
A ello se suma un escenario marcado por el encarecimiento de fertilizantes y combustibles, la presión sobre los márgenes de las explotaciones y la debilidad de los precios percibidos, especialmente en los cultivos herbáceos.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado que "la PAC tiene que servir para sostener a quienes producen alimentos, no para convertir cada campaña en una carrera de obstáculos administrativos. Cuando existen problemas agronómicos y fitosanitarios acreditados, la obligación de la Administración es adaptar las reglas, dar seguridad jurídica y permitir que el profesional tome las decisiones que necesita su explotación".
Flexibilidad concreta para la campaña 2026/2027
En la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, se reduce al 25 % la superficie que deberá presentar cada año un cultivo diferente al cultivo previo. Además, la superficie declarada como barbecho después de una leguminosa se computará a efectos del porcentaje de rotación.
En la práctica de siembra directa se permitirá el laboreo vertical mediante cultivador, chísel o grada de discos pequeños, siempre que no se invierta la tierra y se mantenga el rastrojo sobre el suelo, de forma que la superficie permanezca cubierta durante todo el año.
Esta adaptación permite compatibilizar el compromiso ambiental con las labores recomendadas para prevenir y controlar las poblaciones de topillo campesino.
Estas medidas se suman a la resolución adoptada el 25 de septiembre, que adelantó la recolección de las superficies de girasol declaradas como "no cosechado" en el ecorrégimen de biodiversidad. Ambas decisiones aportan certidumbre al inicio de la nueva campaña y evitan que una interpretación rígida de la norma genere incumplimientos, penalizaciones o pérdidas de ayuda ajenas a la realidad productiva de las explotaciones.
Castilla y León reclama que el Gobierno actúe
La Junta ha utilizado las posibilidades de adaptación que permite la normativa dentro de sus competencias.
Sin embargo, una parte relevante de las rigideces de la actual PAC depende del diseño nacional del Plan Estratégico y exige decisiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por ello, Pino iniciará nuevas conversaciones con el Gobierno de España para reclamar cambios adicionales en rotaciones, cultivos mejorantes y leguminosas, explotaciones mixtas de secano y regadío, siembra directa y espacios de biodiversidad.
"Castilla y León está haciendo su parte. Ahora corresponde al Ministerio dejar de limitarse a hablar de simplificación y convertirla en decisiones útiles. Muchas de las dificultades que sufre el campo no vienen impuestas de manera inevitable por Bruselas, sino de un PEPAC nacional excesivamente rígido, burocrático e intervencionista. No se puede pedir al agricultor que produzca más, cumpla cada vez más requisitos y asuma todos los riesgos sin darle capacidad para adaptar su explotación a cada campaña", ha señalado el consejero.
Pino ha recordado que Castilla y León no plantea eliminar compromisos ambientales, sino hacer posible su cumplimiento con reglas realistas y ajustadas a las condiciones de cada territorio. «La sostenibilidad que arruina al agricultor no es sostenible. Sin explotaciones viables y sin profesionales sobre el terreno tampoco habrá conservación, actividad económica ni futuro para nuestros pueblos», ha afirmado.
Una PAC al servicio del agricultor profesional
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental mantiene una posición política clara: la PAC debe volver a situar en el centro al agricultor y al ganadero profesional, a quien vive de su explotación, asume riesgos, invierte, crea empleo y garantiza la capacidad productiva.
La tecnología y los controles deben ayudar a cumplir, no convertir al profesional en un gestor administrativo permanente ni tratarlo como un "presunto infractor".
Castilla y León seguirá defendiendo una simplificación que signifique desregulación efectiva, reclama menos duplicidades, controles basados en el riesgo, penalizaciones proporcionadas y posibilidad de subsanar errores antes de sancionar cuando no exista fraude.
"Una incidencia formal no puede poner en riesgo la renta ni la viabilidad de una explotación. Nuestro compromiso con el campo no se mide por declaraciones, sino por decisiones. Escuchamos al sector, actuamos dentro de nuestras competencias y exigimos al Gobierno de España que haga lo mismo. La PAC debe ofrecer rentabilidad, estabilidad y libertad para producir. Castilla y León seguirá defendiendo a quienes trabajan la tierra y no aceptará que la burocracia o la ideología terminen debilitando nuestra agricultura y nuestra seguridad alimentaria», ha concluido Pino.
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