La Junta atiende a más de 4.000 familias en riesgo de desahucio
En los tres años que lleva en marcha el Sistema Integral de apoyo
Cinco talleres para mejorar la seguridad en Internet
La Junta habilita un periodo extraordinario para alimentar a las especies necrófagas de la Comunidad
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2012 y hasta finales de 2015, el Sistema Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio ha atendido a 4.149 familias y a todas ellas se las ha prestado apoyo y asesoramiento.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han presentado hoy los resultados del Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio una vez cumplidos los tres años desde su puesta en marcha por la Junta de Castilla y León.
Este Sistema Integral forma parte de la Red de Protección a las familias de Castilla y León, un sistema de protección social de responsabilidad pública, creado en colaboración con las entidades locales, pionero en España, que ofrece una respuesta integral y coordinada a las necesidades de las familias y personas más vulnerables.
La Red de Protección cuenta con 23 programas y uno de ellos es el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha sido reconocido por la ONU como buena práctica.
Desde su creación en noviembre de 2012 y hasta finales de 2015, a través del Servicio Integral se ha atendido a 4.149 familias, lo que significa que se ha ayudado a más de 11.500 personas.
A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación, se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social. Al 22,5 por ciento de estas familias también se les elaboró un Plan de Economía familiar.
El 83,3 por ciento de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, 3.450 casos, se cerraron con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y se ha finalizado el proceso.
En el restante 16,7 por ciento de los casos, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se ha actuado desde otras medidas, generalmente de corte social que, en todo caso, impidieron que se produjeran desalojos forzosos y han evitado que estas situaciones se diesen en situación de desamparo para las familias.
CASOS
De los 3.450 casos concluidos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución y 1.708 concluyeron con interlocución con las entidades financieras, con los siguientes resultados: la reestructuración viable de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi la mitad de los casos, y la minoritaria la dación en pago, sólo en el 7,3 por ciento de los casos cerrados.
Otros y variados acuerdos, como venta, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado, o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3 por ciento del total casos.
En 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas familiares que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones.
La integralidad de este Servicio se comprueba en el hecho de que, en el caso de 902 familias, los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades en las familias, además de la propia de la vivienda por la que habían acudido al servicio, lo que ha posibilitado la generación de otro tipo de prestaciones, en total, 1.939.
Entre las prestaciones concedidas se encuentran 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita.
PERFILES
Perfil de las personas que han acudido al Servicio Integral
Respecto al perfil de las personas que han acudido al Servicio Integral desde su puesta en marcha, el 48,8 por ciento han sido hombres y 51,2 por ciento, mujeres. En cuanto a edad, el 60 por ciento están en la franja de edad entre los 35 y los 55 años. La media de edad se encuentra en los 46 años.
El 53,1 por ciento de las personas atendidas viven en pareja. Por nacionalidad, el 88 por ciento eran españoles y el resto de otras 49 nacionalidades diferentes, de ellos un 4,3 por ciento de países de la Unión Europea.
En cuanto al nivel de estudios, el 29 por ciento tienen estudios de ESO, FP y Bachillerato, el 5 por ciento cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas cuenta con Graduado Escolar o inferior.
La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes y en la mayoría de los casos atendidos se ha detectado la necesidad de reincorporación al mercado laboral.
