La Junta alega para defender agricultor profesional
La Junta de Castilla y León enviará alegaciones que defiendan al agricultor profesional en el periodo de información pública del Plan Estratégico de la PAC.
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha asistido, de manera telemática, a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que participan los responsables en materia agraria de las comunidades autónomas.
El objetivo de esta Conferencia es analizar la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y de su estudio ambiental estratégico que se ha expuesto desde el pasado 30 de noviembre a información pública, finalizando el plazo de alegaciones el 4 de febrero del próximo año.
La nueva PAC se aplicará a partir de 2023, tanto en lo que respecta al denominado primer pilar, de donde derivan las ayudas directas y los programas sectoriales, financiados por el fondo europeo Feaga, como en el segundo pilar del que dependen las denominadas intervenciones territoriales que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural, cofinanciados por el fondo europeo Feader y las administraciones del Estado y las Comunidades.
El consejero ha destacado que “la nueva PAC viene con mayores exigencias medioambientales y sin financiación adicional para cumplirlas. Eso es lo que no nos gusta. Por ello debemos proteger el modelo de la agricultura profesional, que está íntimamente identificado con la agricultura de Castilla y León”.
La pretensión de la Junta es que la figura del ‘agricultor activo’ en buena medida vea reflejado el modelo profesional ya que es una garantía para la continuidad del sector agrario. La especialización productiva y vivir de esta actividad son claros componentes de futuro.
Castilla y León defiende que en todas las modalidades que definan el agricultor activo debería exigirse la afiliación a la Seguridad Social por la actividad agraria.
Este planteamiento que ha sido defendido por el consejero Carnero se incorporará también en las alegaciones que va a presentar Castilla y León en el trámite de información pública.
No obstante, existe un criterio muy generalizado en el resto de Comunidades que defienden un modelo más abierto y ligado a la agricultura a tiempo parcial por su estructura productiva
Carnero ha indicado que “Castilla y León tiene un modelo profesional, que es el que estamos reivindicando, y si no es posible finalmente que este modelo sea la referencia de la definición de agricultor activo, la nueva PAC debe tener discriminaciones positivas hacia los profesionales, me estoy refiriendo a la aplicación del pago redistributivo y la eliminación de la degresividad en ayudas asociadas y en los ecoesquemas”.
Pago redistributivo
La propuesta inicial del Ministerio de detraer a todos los perceptores del pago básico la sexta parte del mismo para redistribuirlo de forma uniforme en las primeras hectáreas de todas las explotaciones era claramente perjudicial para la agricultura profesional de Castilla y León, más identificada con explotaciones extensivas y más dimensionadas que en el resto de España.
El consejero ha indicado que “Castilla y León ha defendido y defiende que este pago sólo se distribuya hacia las pequeñas y medianas explotaciones de los profesionales, no de todos los beneficiarios de la PAC. No obstante, ante la negativa de la Comisión Europea de utilizar este planteamiento, hemos propuesto un modelo alternativo que compense en mayor medida a unos tramos de superficie más identificados con las explotaciones de los agricultores profesionales. En esa línea seguiremos trabajando para defender esta nueva opción en el documento final que se remita a la Comisión Europea”
Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más financiación absorbe en la PAC actual en ayudas asociadas, cerca de unos 140 millones de euros al año, prácticamente la cuarta parte del conjunto de estas ayudas en España.
A este respecto, Carnero ha recalcado que “la propuesta inicial de aplicar degresividad a estas ayudas, en el sentido de reducirlas a partir de una superficie o cabezas de ganado determinada no es compartida por Castilla y León, justamente porque perjudica a nuestro modelo profesional, y aunque en esta versión inicial se ha eliminado, es cierto que hay Comunidades que defienden su aplicación, por tanto nosotros seguiremos reivindicando en este periodo de información pública el mantenimiento de la eliminación de la degresividad en las ayudas asociadas”.
Por el mismo argumento, “la degresividad en las ayudas a la prácticas de ecoesquemas también debe eliminarse, en este caso en la versión inicial que se ha incorporado a la información pública se sigue manteniendo y no lo compartimos indudablemente. Nuestra posición es eliminar esta reducción de las ayudas, ya que además no incentiva el desarrollo de estas prácticas. Podríamos admitir, en el supuesto de seguir manteniéndose esta reducción, que se aplicara sólo en los casos en que se presentara un elevado número de solicitudes que llevarán consigo un rebasamiento de la financiación asignada, ya que esto llevaría consigo la reducción automática para todos de estas ayudas”.
Evolución de las explotaciones
El consejero ha reiterado la necesidad de incorporar un Plan Nacional Sectorial para el ovino caprino utilizando su buena base cooperativa, para poder frenar la reducción de explotaciones y mejorar la salida comercial de sus producciones, tan característica de España y con buen potencial aún para liderar su carne y leche en Europa.
“La versión inicial del Plan Estratégico no lo contempla y es necesario analizar bien esta situación”, ha expresado el consejero.
Recordar que actualmente en Castilla y León son cerca de 5.500 los ganaderos de ovino y caprino, aproximadamente el 20% del total nacional, y muchos de ellos, en especial los de orientación productiva de leche, forman parte de estructuras asociadas en cooperativas.
