Integración sociolaboral para 1.500 mujeres
Mil quinientas mujeres se beneficiarán en Castilla y León de las distintas actuaciones de formación y atención proporcionadas por entidades del Tercer Sector de Acción Social, que podrán financiar los gastos realizados con cargo a estos proyectos a lo largo de 2020.
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Además, y con el objetivo de lograr una mayor integración de colectivos especialmente vulnerables, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha programas de seguimiento e intercambio de información entre las propias entidades y la Administración autonómica.
La Gerencia de Servicios Sociales ha resuelto la convocatoria de subvenciones convocada el pasado 22 de junio, relativa a la realización de proyectos destinados a la integración socio-laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad en nuestra Comunidad y dirigida a entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Una iniciativa que se concretaba en las siguientes líneas de ayuda: mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, mujeres con discapacidad, pertenecientes a etnia gitana y otras mujeres especialmente vulnerables, tales como víctimas de trata y prostitución o drogodependientes.
Una convocatoria a la que se han presentado un total de 32 entidades con diferentes proyectos y, después del pertinente proceso de valoración de concurrencia competitiva, han resultado financiados 22 de ellos por un importe total de 280.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo, 40.000 € más que la edición de 2019.
Estas entidades podrán financiar los gastos realizados con cargo a estos proyectos a lo largo de todo el año 2020 y de los que se verán beneficiadas más de 1.500 mujeres participantes.
Asimismo, con esta concesión de subvenciones se viene a completar, junto con otros programas desarrollados y dirigidos a la inserción laboral, el firme compromiso que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León tiene con la integración social y laboral de las mujeres de la comunidad y de manera especial con aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La Junta de Castilla y León apuesta también por la evaluación de impacto de sus políticas de apoyo y para ello pondrá en marcha sistemas de seguimiento e intercambio de información entre las propias entidades y la Administración regional en la búsqueda de una mayor eficacia y atención integral a colectivos especialmente vulnerables.
