El Consejo de Diálogo Social refuerza apoyo al medio rural
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rubricado esta mañana los primeros acuerdos del Consejo del Diálogo Social de la actual legislatura autonómica.
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Lo ha hecho junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, y el dirigente de la Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio.
Fernández Mañueco ha destacado que estos acuerdos ayudan a lanzar un mensaje de estabilidad y a generar un clima de paz social, algo necesario en el escenario actual, a la vez que subrayado su importancia, especialmente para los que, por circunstancias muy diversas, están teniendo especiales dificultades para su incorporación, de pleno derecho, al mercado laboral.
El presidente autonómico ha querido iniciar su intervención con el acuerdo relativo a la Actualización de la Ley Contra la Violencia de Género de Castilla y León, su desarrollo Reglamentario y la Mejora de los Programas dirigidos a las Víctimas.
“La lucha contra la lacra de la violencia de género es una prioridad irrenunciable de los firmantes”, según ha destacado.
Este acuerdo compromete la creación de un grupo de trabajo para el análisis y actualización de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León.
Según ha añadido Fernández Mañueco, esta labor se apoyará en un amplio proceso de participación social para poder contar con el mayor consenso posible.
Se adaptará la normativa vigente al Pacto contra la Violencia de Género, mejorando los programas existentes e incorporando nuevas iniciativas, especialmente en lo referente al ámbito laboral.
Junto a este acuerdo en el seno del máximo órgano de encuentro y participación institucional entre el Ejecutivo de la Comunidad y los agentes económicos y sociales, se ha firmado el Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl) para 2020, que contará con un presupuesto de casi 165,3 millones de euros, el 4,4 % más que el año anterior.
Las medidas acordadas tienen como objetivo último impulsar la generación de nuevo empleo, más estable, de mayor calidad y más social, y su diseño responde a varios factores. El primero es la necesidad de hacer frente al actual escenario de desaceleración económica, para lo que se articulan nuevos incentivos a la contratación y al autoempleo –con especial atención a los autónomos–, se refuerzan los programas de protección para colectivos vulnerables, y se redefinen los de formación del capital humano con el fin de lograr su mejor adaptación a las necesidades de las empresas y a un modelo productivo más competitivo.
Medidas adptadas a la realidad territorial
En segundo término se tiene cuenta la realidad territorial de Castilla y León, lo que motiva la puesta en marcha de una Estrategia de Empleo Rural y Local con carácter transversal, con la que se pretende dinamizar la economía y el mercado laboral en los pequeños municipios y, con ello, contribuir a fijar población. Para ello, se intensifica el importe de las subvenciones dirigidas a proyectos empresariales y de emprendimiento que generen puestos de trabajo en el medio rural.
Asimismo, con el reto de reducir los desequilibrios y avanzar en el grado de convergencia, se amplían los apoyos en zonas que requieren un impulso industrial y en aquellas afectadas por la reconversión de actividades productivas.
Es el caso de los municipios mineros, donde se extienden las ayudas para ofrecer cobertura no sólo a los extrabajadores de la minería y las centrales térmicas, sino también a los de las compañías auxiliares.
En tercer lugar, el documento reafirma el compromiso del Diálogo Social con la igualdad de oportunidades.
Por un lado, se consolida la perspectiva de género en todas las políticas activas de empleo, lo que implica reforzar las bonificaciones a las empresas para favorecer la plena inserción laboral de la mujer en condiciones equiparables a las del hombre y mejorar los incentivos a la conciliación.
Por otra parte, el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020 mantiene su atención preferente hacia los colectivos más vulnerables y los que encuentran más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, como los mayores de 55 años, los jóvenes menores de 35, las personas con discapacidad, los parados de larga duración, los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, los emigrantes retornados, las personas sin prestación, en exclusión social y en riesgo de estarlo, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que, por primera vez, el Papecyl rubricado por el Consejo del Diálogo Social se acompaña de un cuadro de incentivos, accesible en el portal web de la Junta, que reúne de forma integral y simplificada el amplio catálogo de ayudas que la Administración autonómica pone al servicio de la generación de empleo en Castilla y León. Junto a esto, el Gobierno de la Comunidad asume el compromiso de simplificar y agilizar su tramitación administrativa.
Fomento del empleo
El Papecyl se estructura en seis grandes bloques.
El primero –que absorbe 81,2 millones de euros, el 49% de la dotación total del plan– contiene iniciativas de fomento del empleo, sobre las que actúa de manera horizontal la citada Estrategia de Empleo Rural y Local, para la que se reservan más de 61 millones de euros.
Una de sus medidas más novedosas es Emplea Rural, que articulará un importe adicional en las convocatorias de ayudas dirigidas tanto a las empresas que realicen contratos indefinidos en municipios de menos de 5.000 habitantes, como a los emprendedores que desarrollen aquí su negocio.
De este modo, la cuantía máxima de la subvención podrá alcanzar los 10.500 euros para financiar contrataciones por cuenta ajena; los 11.000 euros para apoyar al autónomo que incorpore a un primer trabajador, y los 17.000 euros para los que inicien su actividad, según los colectivos.
También en el ámbito local, se instrumentarán apoyos a las diputaciones provinciales para la contratación de Agentes de Impulso Rural, que serán jóvenes parados con titulación superior –preferentemente mujeres– y se ocuparán de potenciar la actividad vinculada a recursos autóctonos y de la prospección empresarial.
Para dinamizar la economía en los pueblos, se incentivará la generación de empleo vinculado a sectores de interés autonómico y a los recursos autóctonos, al tiempo que se ampliarán los apoyos para ofrecer nuevas oportunidades a trabajadores de la minería, las térmicas y las empresas auxiliares. Todo ello se realizará en colaboración con las entidades locales.
Dentro del apartado dedicado al trabajo por cuenta ajena, se fomentará la contratación de titulados en prácticas mediante el programa Emplea Talento y se pondrá en marcha la Cuenta de Activación para implicar a los desocupados de forma dinámica en la búsqueda de un puesto laboral.
Actuará a modo de certificado digital, que contendrá el perfil detallado y personalizado del desempleado y las bonificaciones a las que podrá acceder la empresa que lo incorpore a su plantilla.
En lo que respecta al empleo por cuenta propia, el documento incorpora la ampliación de la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos –que, junto con la estatal, llegará hasta 24 meses con carácter general y 36 si el emprendedor se instala en un pequeño municipio–, dando cumplimiento a uno de los acuerdos de gobernabilidad. Junto a esto, se establecen ayudas para financiar el inicio de actividad, los servicios externos de apoyo al desarrollo del negocio y la formación en gestión o digitalización empresarial.
Formación para el empleo
El segundo gran apartado del Papecyl lo integran las políticas de formación para el empleo, que aglutinan más de 19 millones, el 12 %.
Su contenido se perfilará a partir de un nuevo mapa de necesidades, que la Junta elaborará atendiendo a la situación del mercado y a las demandas de las empresas, es decir, de la mano del tejido productivo.
En todo caso, se diseñarán acciones para la cualificación de trabajadores ocupados y desempleados en tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, con el reto de favorecer su adaptación a la creciente digitalización de los procesos de producción y en coherencia con los principios recogidos en el acuerdo de revisión del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial.
En sintonía con este documento, se promoverá una línea específica sobre competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), además de ofrecer contenidos relacionados con sectores emergentes y estratégicos, de acuerdo con la definición contenida en la revisión de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León.
Finalmente, dirigido a los jóvenes en riesgo de exclusión, se ofrecerá formación en habilidades sociales para el empleo, en idiomas y en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Programas integrales
El tercer epígrafe, dotado con 24,2 millones (el 15 % del total), agrupa los programas que combinan de manera integral medidas orientadas a mejorar la empleabilidad, promover la inserción laboral e impulsar la promoción profesional y laboral. En este apartado, cabe resaltar el refuerzo de la Formación Profesional (FP) Dual, que se extenderá a un abanico más amplio de empresas.
Asimismo, de forma experimental, se promoverá una iniciativa que impulse la formalización de contratos formativos vinculados a la obtención de un título de FP por la persona aprendiz.
Protección a desempleados y trabajadores
El cuarto eje del Papecyl lo constituyen las políticas diseñadas para amparar a trabajadores afectados por despidos, expedientes de suspensión, reducción de jornada y, en general, a las personas que sufren mayor desprotección frente al desempleo. A ello se destinan 10,5 millones, el 6 % del presupuesto del plan.
En este sentido, se dará continuidad a todos los programas de apoyo contenidos en el plan vigente durante 2019, entre ellos el Personal de Integración y Empleo (PIE), para dar cobertura a quienes han agotado su prestación. Y, en el marco de la economía social, se facilitará la constitución y andadura de empresas, cooperativas y sociedades laborales, particularmente en el caso de empleados con circunstancias especiales.
Asimismo, la Junta respaldará la labor de los Centros Especiales de Empleo y financiará el 50 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los trabajadores con discapacidad, cuantía que puede alcanzar hasta el 75% en las nuevas contrataciones de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.
Prevención y salud laboral
En el ámbito de la prevención de riesgos y la salud laboral –quinto bloque del plan, que concentra más de 6,1 millones, el 4 %– se dará continuidad a las líneas de trabajo contenidas en el V Acuerdo, que abarcan desde la formación y sensibilización en esta materia, pasando por las actuaciones de visita y asistencia técnica y la colaboración con la Inspección, hasta los apoyos a las micropymes para la implantación de sistemas de seguridad.
Como principal iniciativa, hay que resaltar el estudio para la creación de una Red de Pymes Saludables, que servirá para reconocer la labor de las empresas en el campo de la mejora de la salud y el bienestar de sus plantillas.
Junto a esto, y en el marco de la colaboración con las universidades, se fortalecerá la Cátedra de Prevención de Riesgos en la Universidad de Salamanca, tratando de extender al ámbito internacional el estudio de esta materia vía ‘on line’.
Igualdad y conciliación en el empleo
El sexto apartado aglutina las medidas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, a las que se dedicará el 13 % de los fondos, 20,8 millones en cifras absolutas. Además de las acciones previstas para asegurar el acceso a un puesto de trabajo a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, en exclusión social o en riesgo de estarlo, se reforzarán las políticas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
A modo de ejemplo, se ampliarán a nuevos supuestos las subvenciones dirigidas a facilitar la reducción de jornada y la excedencia para el cuidado de hijos; se mejorará el programa Conciliamos –que a partir de ahora llegará a los municipios con una población de 3.000 o más habitantes–, y se potenciará el ascenso profesional de la mujer con apoyos enfocados a favorecer su promoción en las empresas –en particular de las menores de 35 años y mayores de 55–.
En este bloque encaja otra de las principales novedades del documento. Se trata del Programa de Emprendimiento e Inclusión Social, con el que se financiarán proyectos de crecimiento empresarial que integren en su plan un compromiso de empleabilidad de marcado carácter social, es decir, que faciliten la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Otras medidas
Finalmente, el séptimo eje del Papecyl reúne un conjunto de acciones de promoción y difusión de la labor realizada por los agentes implicados en el Diálogo Social, así como la ejecución de trabajos y estudios orientados a incrementar la competitividad e innovación del modelo productivo de Castilla y León, lo que redundará en una mejora de la calidad del empleo.
Merece una mención especial la apuesta por continuar apoyando la labor de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social en la Universidad de Valladolid y el compromiso de analizar la extensión de este tipo de iniciativas a otras instituciones académicas. A este paquete de medidas se dedican casi 3,3 millones (el 2 %).
El acuerdo rubricado esta mañana es coherente con la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 y con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Además, en línea con lo establecido en la Estrategia de Crecimiento y Empleo Europa 2020, el documento subraya que la promoción del empleo verde constituirá una prioridad y se tendrá en cuenta al incentivar la contratación en empresas cuya actividad esté relacionada con el desarrollo sostenible, la implantación de la economía circular, el medio ambiente, la sostenibilidad energética y el tratamiento de residuos.
En la redacción del Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020, liderada por la Consejería de Empleo e Industria, se han implicado activamente otros tres departamentos del Gobierno autonómico: Economía y Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.
