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Unicef advierte que uno de cada cuatro niños de Castilla y León está en riesgo de pobreza

En Castilla y León casi uno de cada cuatro niños y niñas está en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone unos 85.400 menores y por debajo de la media
española en 8,9 puntos, según un estudio publicado por Unicef España.

La evolución de la tasa AROPE para la población infantil de Castilla y León ha pasado del 26,8 por ciento en 2022 hasta el 25,6 por ciento de 2023.

La tasa de riesgo de pobreza infantil en la comunidad se ha reducido 0,7 puntos respecto al año pasado, pero sin embargo, todavía alcanza cifras muy elevadas con un 22,6 por ciento, cerca de 75.400 de niños y niñas.

El índice de desigualdad autonómico en la distribución de los ingresos entre los niños/as y adolescentes, 6,2, es mayor que el de la población en su conjunto (5,1).

La carencia material severa de la población infantil de la región ha incrementado en el último año en 2,2 puntos hasta alcanzar un 8,6%.

Casi el 12,5% de los hogares con niños y niñas tienen retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal en nuestra comunidad, por encima de la media española, que es del 8,7 por ciento..

En situaciones de crisis, los niveles de pobreza de la infancia crecen más rápidamente que los del resto de la población, pero se reducen más lentamente cuando la situación económica mejora.

No se trata sólo de los preocupantes datos de pobreza infantil desde hace años, sino del hecho de que tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para ellos y sus familias, ha subrayado Unicef.

Las familias con hijos a cargo sufren en mayor medida la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas en el acceso a la vivienda.

Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras como personas adultas, y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.

En el centro de una protección social que tenga en cuenta las necesidades de nuestros niños y niñas se encuentra la protección de las familias contra la vulnerabilidad económica. Vivir en la pobreza o ser vulnerable a ella repercute directamente en sus posibilidades de acceder a servicios sociales de calidad y en su dignidad y confianza.

Invertir en la infancia es una opción económica inteligente y reporta beneficios a toda la población, según ha resaltado Unicef: promueve el desarrollo económico y social, al aumentar la productividad, el crecimiento económico y los niveles de cohesión social.

El coste de no actuar no sólo afecta a los niños, niñas y familias más vulnerables de forma inmediata, sino que compromete el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo.

Los niños y niñas tienen más riesgo de quedarse atrás a nivel de desigualdad económica y de ingresos de las familias, lo que supone grandes limitaciones y que afectan también en otros ámbitos, como, por ejemplo, la salud o la educación (brecha digital o la salud mental).

Esta desigualdad en la infancia afecta a sus vidas y a su desarrollo, pero también impacta y compromete el bienestar de toda la sociedad, a medio y largo plazo.

Es necesario un modelo de protección social que articule políticas y programas destinados a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida, con especial atención a los grupos vulnerables.

Debemos situar en el centro de la acción política y de los ámbitos prioritarios los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de generar oportunidades para
todos y todas, y evitar que derive en un aumento de las desigualdades existentes, o que surjan otras nuevas, contemplando aspectos esenciales, como la igualdad de
género, niños y niñas con discapacidad, infancia de origen migrante, de minorías étnicas o de grupos desfavorecidos.

Poner el foco en la infancia y adolescencia, es una obligación derivada del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es esencial tener en cuenta a la infancia y la adolescencia en todas las decisiones tomadas por los poderes públicos, estrategias y recursos, para velar por una infancia con una oportunidad justa en la vida, que aprende, que crece sana en un ambiente sostenible y protegida frente a la violencia y los abusos, también en el ámbito digital.

En Castilla y León se está advirtiendo desde ya hace varios años de los altos niveles de riesgo de pobreza que sufren niños y niñas, señal de que la situación no cambia de forma estructural y requiere de un abordaje más intenso y con mayor impacto.