UGT pide subir salarios en residencias de mayores
UGT ha reclamado hoy a la Junta que obligue a las residencias de mayores a subir los salarios un 6,5 por ciento ya que han aumentado un 8 por ciento la financiación de las plazas en estos centros asistenciales.
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Hace más de 20 años que no se construyen residencias públicas en Castilla y León.
La Junta concierta plazas con las residencias privadas a cambio de un presupuesto asociado por plaza y por año.
Esas plazas garantizan el acceso público de las personas mayores de la comunidad a los servicios de dependencia.
Y, aunque desde la federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León llevan años defendiendo una gestión 100 por ciento pública, la Junta continúa apostando por una gestión mixta y priorizando a las empresas privadas.
De hecho, este año, ha aumentado un 8 por ciento el número de plazas y, por tanto, la financiación de las mismas aduciendo tres causas principales: la subida del precio del carburante y del transporte, la subida de los precios de la alimentación y la subida de los salarios.
Sin embargo, tal y como han denunciado desde UGT, las tres principales patronales del sector llevan tiempo bloqueando la negociación del convenio y han intentado por todos los medios no subir los salarios a los empleados.
No obstante, el sindicato llevó el asunto a los tribunales y una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a estas empresas a acometer la subida salarial del 6,5 por ciento a estos trabajadores.
Aun así, una de estas tres patronales sigue negándose a subir los salarios hasta que la sentencia sea firme en el Tribunal Supremo.
Por eso, desde la organización sindical han reclamado hoy a la Junta que obligue a las empresas con las que tienen concertadas las plazas y a las que ha aumentado el presupuesto a subir los salarios de sus empleados de manera obligada antes de renovar contratos o aumentar su financiación.
“Este sector está muy feminizado. Muchas de las labores son realizadas, además, por mujeres migrantes que tienen miedo a denunciar las condiciones de trabajo que padecen por las posibles rescisiones de contrato y sus consecuencias”, ha apuntado.
Para atajar esta situación, es imprescindible según UGT llevar a cabo inspecciones de trabajo suficientes que garanticen unas condiciones dignas para las empleadas.
De igual manera, también es preciso que las personas contratadas tengan la formación y experiencia suficientes puesto que, tal y como ha indicado Victoria Zumalacárregui, secretaria de políticas sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, “si nuestros mayores no están atendidos por profesionales, no estarán bien atendidos”.
Para rematar, Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha sentenciado que, “si los servicios para dependientes de Castilla y León se encuentran entre los mejores del país, no quiero ni imaginar cómo están las demás comunidades, porque aquí no estamos nada bien”.
