IU exige responsabilidades al PP de Mañueco tras el escándalo judicial de la Perla Negra
IU Castilla y León ha reclamado responsabilidades políticas al Partido Popular, tras la reciente sentencia del caso Perla Negra que ha costado al menos 18 millones de euros a las arcas de la Junta por la corrupción de miembros de su organigrama, recursos que hubieran podido invertirse en sanidad, educación o vivienda.
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La coalición de izquierdas ha valorado en un comunicado que la lentitud de la justicia en el caso Perla Negra hace que el Partido popular “haya concurrido a las elecciones en los últimos años con una sobre financiación y haya conseguido no pagar políticamente por su corrupción”, que incluía hasta la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León.
Los ex-viceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, Begoña Hernández y el consejero de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, han sido condenados por prevaricación por la Audiencia provincial de Valladolid.
También han sido condenados seis empresarios del entorno del Partido Popular de Castilla y León.
Empresariosque eran necesarios para realizar el amaño de los contratos de compra y alquiler de edificios que han supuesto un sobre coste para las arcas públicas de 18 millones de euros, llegándose a pagar dos veces por algunos de los conceptos del contrato según informe de Intervención general del Estado.
Además del sobre coste por la Perla Negra, está también el del polígono de Portillo que supusieron también otros 20 millones de euros
. Los precios de los terrenos del polígono se inflaron, se pagaron a quienes no eran propietarios de los mismos y hubo una concertación de antemano entre la Junta gobernada por el PP y los empresarios que les vendieron dichos terrenos.
El coordinador de IU en la Comunidad, Juan Gascón, ha señalado en un comunicado que es imposible que el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desconociera esta trama de corrupción siendo en esa época consejero de la Presidencia de la Junta.
“Sería pertinente que diera una explicación a la ciudadanía porque esta trama corrupta es responsabilidad de su partido. Ha retraído gran cantidad de recursos públicos que se han repartido el PP y los empresarios con quienes negociaban y acordaban la corrupción de los procesos de contratación", ha manifestado.
IU ha destacado que Mañueco era consejero de la Presidencia cuando suceden los hechos, y tiene que explicar a la ciudadanía qué responsabilidades tiene el PP de Castilla y León en este proceso.
"¿Quién va a creer a Mañueco cuando reduzca impuestos y solicite más recursos al Gobierno de España? Sabiendo que a quienes la Junta, gobernada por el PP, ¿ha dado dinero a espuertas ha sido a empresarios afines al partido y a cargos públicos del PP que han facilitado y se han enriquecido con la corrupción en la Junta de Castilla y León?” ha cuestionado Gascón.
Siete meses después de la finalización del juicio de una de las mayores causas de corrupción de Castilla y León, el caso Perla Negra que sentaba en el banquillo a la ex cúpula de la Consejería de Economía en los tiempos del fallecido Tomás Villanueva, con sus dos ex viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, como principales acusados, la Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años y seis meses de cárcel y seis años más de inhabilitación a Delgado por el delito continuado de malversación de caudales públicos.
Además, la Sección Segunda de la Audiencia le impones otros tres años y seis meses de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación, según recoge el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.
Quien se libra de prisión es la ex viceconsejera Begoña Hernández, a la que la sentencia le impone una pena de dos años y dos meses de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Delgado y Hernández son, junto con Alberto Esgueva, a quienes más delitos se les imputaban, seis en concreto, y para ellos la Fiscalía llegaba a pedir 11 de años de cárcel, que la sentencia reduce a dos y seis meses en el caso de Delgado y a ninguno para Hernández por el daño causado a las arcas públicas por las operaciones de compra del edificio de Arroyo y los terrenos del polígono de Portillo que se desarrollaron entre mediados de 2005 y diciembre de 2011.
