FSIE denuncia un nuevo golpe a la enseñanza privada
FSIE Castilla y León ha denunciado un nuevo golpe a la enseñanza privada desde el Gobierno de España.
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El Real Decreto sobre la etapa de educación infantil 0-6 años, aprobado por el Gobierno esta semana y cuya implantación está prevista para el próximo curso, perjudica de manera importante a la enseñanza privada y deja muchas dudas que deberán ser resueltas por las Comunidades, según ha señalado FSIE en un comunicado.
Para FSIE Castilla y León el artículo 5 del RD es clave: “se tenderá a una progresiva implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente y a la extensión de su gratuidad”.
FSIE ha considerado que estamos ante una norma interpretable que puede significar que sólo la enseñanza pública será gratuita o que las administraciones educativas actuarán según lo exija la demanda.
"Si no existe gratuidad difícilmente se podrá elegir en libertad. El concepto de libertad de elección de los padres queda nuevamente en entredicho a merced del partido que gobierne", ha denunciado.
Por otra parte, desde hace bastante tiempo se ha instalado en una parte de la sociedad la idea -en algunos casos obsesiva- de que el más desfavorecido debe incorporarse a la escuela pública, con lo que se conculca también el principio de igualdad.
El trasfondo del problema conduce inevitablemente a la inestabilidad en el empleo y supondrá de facto la pérdida de empleo de quienes están impartiendo ese nivel y la no consolidación de futuros puestos de trabajo.
Hasta el momento en Castilla y León el concepto de libertad de elección se ha respetado por el partido en el Gobierno, incluso con el anuncio de la gratuidad del nivel 2 a 3 años, sin discriminación entre ámbito público y privado.
"No se puede decir lo mismo de quienes con aspiraciones de gobierno, sistemática y reiteradamente se manifiestan en contra de la libertad de elección y de la financiación con fondos públicos de empresas privadas", ha recordado.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE CyL es una organización del ámbito de la enseñanza privada, concertada y atención a personas con discapacidad que representa en Castilla y León al 71% de los profesionales de la enseñanza concertada y al 24 % de los de discapacidad.
