CSI-F pide a la Junta que entregue el arma reglamentaria a los agentes medioambientales
Para cumplir los servicios de vigilancia con las garantías de seguridad suficientes
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha exigido de nuevo a la Junta de Castilla y León que entregue el arma corta reglamentaria a los agentes medioambientales que así lo soliciten, “para poder cumplir sus funciones y los servicios de vigilancia con las garantías de seguridad suficientes”.
El arma fue retirada por la Junta en mayo de 2013, y aunque los agentes medioambientales vienen reclamando reiteradamente su devolución, como recurso disuasorio y de defensa personal “necesario”, “la masiva presencia de recolectores ilegales de setas en los montes de Soria o Burgos, durante estas semanas, que desobedecen e incumplen reiteradamente la normativa medioambiental, y que han mostrado actitudes amenazantes y agresivas en ocasiones”, lleva a los agentes medioambientales a reiterar la petición del arma reglamentaria, según ha señalado hoy CSI-F en un comunicado.
En comunidades vecinas, como es el caso de La Rioja, que comparte espacios naturales con Soria y Burgos, sus agentes sí llevan arma reglamentaria, ha recordado CSI-F.
Este sindicato ha añadido que los problemas de seguridad de los agentes medioambientales se extienden a todas las provincias de la Comunidad y a otros ámbitos, como la caza furtiva.
Por ello, CSI-F ha resaltado que “es totalmente incongruente e irresponsable que se retiren las armas reglamentarias, y se ordenen instrucciones para luchar contra los cazadores furtivos que sí portan armas, o contra otras actividades medioambientales y forestales que atentan contra la actual normativa de protección medioambiental, que se llevan a cabo en un medio aislado y disperso, en el que el agente medioambiental está solo y desprotegido, frente al infractor o delincuente medioambiental”.
CUERPO ARMADO
CSI-F ha apuntado que el Cuerpo de Agentes Medioambientales es un cuerpo armado que tiene más de 130 años, y que es el único de la Junta de Castilla y León con carácter de agentes de la autoridad y funciones de policía administrativa y judicial.
El reglamento de la Junta que regula este colectivo prevé la dotación del arma reglamentaria para servicios de vigilancia o control, en los que se presuponga la existencia de un riesgo para el agente.
CSI-F ha formado a unos 600 agentes medioambientales de toda España -también de Castilla y León- en materia de Policía Judicial genérica, es decir, en sus competencias de esclarecimiento de delitos ambientales, “funciones para las cuales también resulta imprescindible el arma corta reglamentaria como herramienta de trabajo y prevención de riesgos laborales”.
CSI-F asegura que “la importancia de la protección medioambiental en Castilla y León, en ámbitos como los espacios naturales, la caza o la micología, depende de un cuerpo sacrificado y muy bien formado, como es el de los agentes medioambientales, a los que hay que dignificar, valorar y darles las herramientas necesarias para cumplir correctamente con su trabajo, para el que el ciudadano deposita su confianza”.
