352.000 personas estén en exclusión social en Castilla y León a pesar de mejora económica
A pesar de que los efectos más duros de la crisis sociosanitaria de la COVID-19 han quedado atrás, en Castilla y León la recuperación no ha sido suficiente para revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social.
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El Informe FOESSA confirma que, pese a cierta mejora en los últimos años, la comunidad mantiene en 2024 una situación global menos favorable que la registrada en 2018: la integración plena ha descendido hasta el 55,2 por ciento, mientras la integración precaria ha aumentado al 29,9 por ciento y la exclusión social afecta ya al 14,8 por ciento de la población, lo que equivale a 352.000 personas que continúan fuera de los márgenes de la plena participación social.
Así lo reflejan los datos del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y Leónpresentado esta mañana en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL).
La presentación ha tenido lugar en una rueda de prensa en la que intervinieron Enrique Cabero, presidente del CESCYL; Guenther E. Boelhoff, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León; y Pedro Fuentes, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA. ,
Dicho informe confirma que la situación de Castilla y León es, en términos globales, más positiva que la del conjunto del Estado.
La Comunidad presenta un mayor porcentaje de población integrada (85,1%, frente al 80,7% de España) y, en consecuencia, menores niveles de exclusión social (14,8% frente al 19,3% estatal). Sin embargo, esta posición ventajosa no ha impedido que la recuperación posterior a la pandemia haya sido más limitada que en el resto del país.
Entre 2021 y 2024, el espacio de la exclusión social solo retrocede 3,2 puntos en Castilla y León, frente a los 4,1 puntos observados a nivel estatal.
En ambos territorios se registra, eso sí, una mejora similar en la exclusión severa, que desciende 3,9 puntos, mientras que las situaciones de exclusión moderada permanecen prácticamente estables.
Uno de cada cinco hogares en Castilla y León sufre exclusión residencial
La vivienda continúa siendo la dimensión donde la exclusión social presenta mayor incidencia en Castilla y León. Según el Informe FOESSA, uno de cada cinco hogares (20,1%) y el 18,5% de la población se encuentran afectados por algún problema vinculado a esta área fundamental para la integración social.
Aunque la prevalencia entre la población se ha mantenido estable respecto a 2018, el impacto sobre los hogares ha aumentado de forma significativa, pasando del 15,8% al 20,1%, lo que revela un deterioro claro en la capacidad de acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada.
El encarecimiento del mercado residencial explica buena parte de esta tendencia.
Tras años de incrementos continuados, el precio de la vivienda ha subido un 31,5% desde 2018, una evolución que tensiona especialmente a los hogares con menor renta.
Este encarecimiento se traslada no solo al mercado de compra, sino también al de alquiler, modalidad en la que se concentra una proporción elevada de hogares en riesgo de pobreza o pobreza severa. En este contexto, los gastos excesivos de vivienda se han convertido en la problemática más extendida: afectan al 18,4% de la población y han experimentado un incremento de 10 puntos porcentuales en apenas seis años, convirtiéndose en uno de los indicadores más determinantes de la exclusión social en la Comunidad. Junto a ello, persisten otras dificultades como la tenencia precaria o las condiciones inadecuadas de habitabilidad, aunque con una incidencia menor.
Uno de cada cuatro jóvenes está en situación de exclusión social
La juventud castellanoleonesa es uno de los colectivos más afectados por la exclusión social.
La tasa de exclusión entre las personas de 18 a 29 años alcanza el 24,6%, muy por encima del 14,8% de la media general. Este dato refleja la acumulación de obstáculos que dificultan la autonomía juvenil y que se han intensificado durante los últimos años.
El informe señala tres factores clave que explican esta elevada prevalencia: las barreras de acceso al mercado laboral y la dificultad para estabilizarse en él, la insuficiencia salarial que impide cubrir los gastos básicos de manera autónoma y la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones asequibles. Esta triple limitación sitúa a la juventud en una posición de vulnerabilidad estructural, que se ha intensificado desde 2018 y que convierte a este colectivo en uno de los principales grupos de atención para las políticas públicas de inclusión.
Más de 260.000 personas en Castilla y León tienen dificultades económicas para cubrir sus tratamientos médicos
La dimensión sanitaria también muestra un deterioro significativo.
Más de 260.000 personas en Castilla y León se han visto obligadas a renunciar a comprar medicamentos, prótesis o a seguir tratamientos y dietas por motivos económicos, una cifra que evidencia cómo las dificultades de acceso a bienes básicos de salud se han convertido en una de las problemáticas más frecuentes de exclusión en el territorio.
En total, el 11,2 por ciento de la población sufre dificultades económicas que afectan directamente a su salud, un porcentaje que ha aumentado 3,5 puntos desde 2018.
El informe destaca que estas carencias no solo comprometen el bienestar físico, sino que profundizan la vulnerabilidad social de los hogares afectados, al limitar su capacidad para mantener tratamientos continuados, acceder a productos sanitarios esenciales o gestionar adecuadamente enfermedades crónicas. Con ello, la salud se consolida como una dimensión crítica en la que la pobreza material tiene un impacto directo y acumulativo.