Retirada de mascarillas por no cumplir normativa europea
La Gerencia Regional de Salud ha ordenado la retirada de las mascarillas plegables, KN95, de la marca Subolun, fabricadas en China, y que no cumplen la normativa europea en cuanto a protección. Estas mascarillas han sido utilizadas también por el personal sanitario del complejo hospitalario de Soria.
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Ese mismo modelo también se ha utilizado en otras provincias de la Comunidad Autónoma, como Ávila, Segovia o León.
El sindicato SATSE ha aconsejado al personal sanitario que haya utilizado esas mascarillas, que se ponga en contacto con el Servicio de Prevención correspondiente.
Estas mascarillas fueron analizadas en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se confirmó que no cumplen la normativa europea y no garantizan una adecuada protección frente a la penetración de partículas, por lo que la Gerencia Regional de Salud comunicó a la Gerencia de Asistencia Sanitaria que esas mascarillas tenían que retirarse.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado este sábado que la Junta ha ordenado la retirada "inmediata y urgente" de 20.000 mascarillas defectuosas procedentes de China, compradas a principios de abril y distribuidas en las gerencias sanitarias, a raíz de la alerta de algunos profesionales sanitarios en determinados centros asistenciales.
El sello de garantía lleva el código GB2626-2006, cuyo equivalente en el marco de la UE es el EN-149-2001 para mascarillas FFP2, por lo que "estaban totalmente homologadas con los certificados oportunos por las autoridades chinas", ha insistido la consejera durante su comparecencia.
La empresa china suministradora es Shanghai Huanbiao Imp y el fabricante es Anhui Subolun Garment, según los datos ofrecidos por Casado, quien ha negado en este asunto la existencia las acusaciones o insinuaciones de "negligencia" o "escándalo" por parte de las autoridades sanitarias autonómicas.
"No hay ninguna negligencia en ningún momento. No hay escándalo sino un problema identificado. Si ustedes quieren hacernos pasar por negligentes o mezclar churras con merinas en las mascarillas y test, están en su legítimo derecho, pero nosotros nos debemos a la verdad: todo lo que compramos está certificado pero en este caso no ha sido del todo cierto y nos ha obligado a cotejar todos", ha respondido con visible enojo a una de las preguntas formuladas.
Las mascarillas fueron compradas a principios de abril y, tras la sospechas informadas de algunos profesionales, la Consejería de Sanidad realizó el 29 de abril un informe de viabilidad, es decir casi un mes de diferencia que la consejera ha justificado en "el tiempo que se tarda en recepcionar y distribuir" el material.
A ello ha añadido "el tiempo que se tarda en detectar que algo no funciona correctamente" y el hecho de que "solamente podíamos hacerlo desde el 24 de abril, desde el momento en que el Ministerio de Sanidad habilita esa posibilidad", ha apostillado.
El 7 de mayo se conocieron los resultados del informe de fiabilidad solicitado por la Junta, y desde el día siguiente se inició un proceso de retirada del que la consejera ha informado este sábado.
Las mascarillas invalidadas "están localizadas, sabemos a quién y en qué cantidad se han repartido", y "no se han utilizado en todos los centros de igual manera", ha agregado.
Todos los profesionales que las hayan utilizado serán sometidos al correspondiente aislamiento y a pruebas de detección siempre que el riesgo sea alto en función del grado de exposición, número de horas y personas con las que han contactado, ha precisado.
Como medida de prevención, la Junta de Castilla y León ha ordenado también la retirada de 1.080.000 mascarillas de la misma marca pero de otro modelo, y ha pedido a todos los profesionales que hayan utilizado las defectuosas que lo comuniquen a sus respectivos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
