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Los empresarios tachan de "insignificantes" las ayudas al funcionamiento

Un estudio elaborado por la Red SSPA demuestra, con respuestas de los propios empresarios, que el escenario actual de la aplicación de las ayudas al funcionamiento en Soria, Teruel y Cuenca apenas han tenido repercusión en la creación de empleo en las provincias más despobladas de España en 2023. Las ayudas son calificadas como "insignificantes".

La directora general de FOES, María Ángeles Fernández, y el doctor en Economia, José Antonio Herce, han comparecido en la sede de la patronal soriana para presentar la segunda parte de un estudio que demuestra la efectividad que tendrían las ayudas al funcionamiento en Soria, Cuenca y Teruel, si se aplicasen al máximo permitido por la Unión Europea (20 por ciento), y la que han tenido, según los testimonios de los propios empresarios de estas provincias.

Herce ha explicado que la encuesta realizada llega a la conclusión que el impacto de las ayudas de funcionamiento es “insignificante” y, es más, muchos empresarios reconocen que desconocían el impacto de la aplicación de estas ayudas.

La mayoría de los empresarios encuestados (93,1 por ciento) ha señalado que las ayudas son insignificantes o insuficientes para generar empleo en sus empresas.

Herce ha señalado que las ayudas son tan insignificantes que, el coste de ayudas, podría ascender a 25 millones, con un impacto sobre el PIB también ”insignificante”, y apenas creados 128 empleos, y un retorno fiscal de casi seis millones.

El 71,5 por ciento de los encuestados conocían la existencia de las ayudas al funcionamiento, pero sólo el 55,9 por ciento de los encuestados sabían que estaban siendo beneficiarias de ellas, por ser tan insignificantes.

El 56,9 por ciento de los encuestados han aumentado su plantilla en 2023, pero sólo una “ínfima” proporción del total, un 2,9 por ciento, lo han hecho por influencia de las ayudas.

El 63 por ciento de las bajas valoraciones de las ayudas se encuentran entre los encuestados que no han aumentado las plantillas.

El 63,7 por ciento de los encuestados son empresas de servicios y éstos concentran el 60,6 por ciento de quienes valoran pobremente las ayudas.

El 78,4 por ciento de los encuestados radican en municipios de mil o más habitantes, y éstos concentran el 75,6 por ciento de quienes valoran pobremente las ayudas.

El estudio estima en 128 los empleos creados con el escenario actual de las ayudas al funcionamiento, que ascenderían a 6.000 empleos sí las ayudas se elevan hasta la exoneración de la cuota empresarial por contingencias comunes, y entre 11.000 y 13.000 empleos en la bonificación del 20 por ciento de los costes laborales brutos.

Fernández ha reclamado dar un paso más en las ayudas al funcionamiento, cruciales para las empresas de estas tres provincias.

El lobby SSPA se dirigió en enero por escrito al nuevo Gobierno para reclamarle una mayor intensidad en las ayudas al funcionamiento, así como la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación, la inclusión en ella de los autónomos y la eliminación de las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios establecidas en las actuales ayudas.

Para la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) estas ayudas serían un “elemento clave para minimizar el gravísimo problema de despoblación que sufrimos, pues ayudarían no sólo a las actividades económicas existentes, sino que serían un incentivo para la atracción de nuevas empresas a nuestros territorios, y con ello trabajadores y por ende, población”.

En el marco actual aprobado por el Gobierno, las reducciones para la empresa suponen 22 euros/mes por trabajador para los contratos indefinidos ya existentes en la provincia; 62 euros/mes por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de más de 1.000 habitantes y 87 euros/mes por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Las organizaciones empresariales de las tres provincias han solicitado el incremento de la intensidad de las ayudas, “comparable, al menos, a la que se aplica en Noruega, es decir, una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social”.

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