La Junta ofrece financiación para desbloquear nueva EDAR
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha ofrecido aportar el 32,5 por ciento de la financiación de la nueva depuradora de aguas de Soria para desbloquear este asunto que lleva años enquistado en la ciudad.
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En la reunión mantenida hoy en Madrid con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente y el alcalde de Soria, el consejero ha trasladado la disposición de la Junta de Castilla y León de participar en la financiación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Soria, una vez que el Ayuntamiento concrete su participación, una decisión no delegable puesto que el saneamiento y la depuración de aguas es una competencia municipal.
Con el ofrecimiento de Suárez-Quiñones, el Ayuntamiento de Soria vería rebajada su aportación al 32,5 por ciento, mientras el Estado, a través de fondos europeos, aportaría el 35 por ciento para completar el total de la financiación.
El consejero ha señalado que la Junta de Castilla y León enmarca esta actuación dentro del Plan de Dinamización de la Provincia de Soria.
El esquema de financiación de esta actuación, declarada de interés general (lo que habilita al Estado a su ejecución pero no supone obligación de financiación, de acuerdo a las directivas comunitarias) y al que se incorpora la Junta de Castilla y León con el objetivo de desbloquear la situación, se establece en el convenio que se suscribió en 2013 entre el Ministerio, a través de la sociedad estatal Acuanorte (actual Acuaes), y el Ayuntamiento de Soria, que prevé la cofinanciación con fondos europeos.
Este esquema de financiación es el que se ha seguido en ciudades como Segovia y Burgos, que también suscribieron convenios análogos, gracias a los cuales sus nuevas depuradoras también fueron cofinanciadas y ya se encuentran operativas.
La ministra y el consejero han coincidido en desear que esta propuesta permita avanzar en este proyecto de depuración, puesto que Soria es la única capital de Castilla y León que incumple los parámetros de vertido, por lo que es objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Unión Europea.