Decálogo contra la despoblación de "La España Vaciada"
Del Encuentro sobre "Despoblación, cultura y patrimonio", celebrado en el Campus de Soria el 11 y 12 de abril, ha surgido un decálogo con las principales conclusiones.
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En el encuentro participaron Mercedes Molina Ibáñez (Catedrática de Geografía Humana UCM), Fernando Manero (Catedrático Emérito de Geografía Humana UVa), Luis Díaz Viana (Profesor de Investigación de Antropología Social y Cultural CSIC), Guillermo A. Pérez Sánchez (Catedrático de Historia Contemporánea UVa), Pascual Martínez Sopena (Catedrático de Historia Medieval UVa), Óscar Fernández Álvarez (Profesor Titular de Antropología Social ULE), Pablo Gordo (Profesor Titular de Economía Aplicada UVa), Luis Alberto Moratinos Lagartos (Inspector de la Dirección Provincial de Educación de Soria), Jesús María Bachiller Martínez (Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional UVa), Emilio Benedicto Carrillo ( Profesor Asociado de Psicología Social UVa), José Luis Bravo (Periodista), Roberto Ortega (Periodista). Aquí se adjunta dicho texto para su correspondiente difusión. Saludos, Luis Díaz Viana
DECÁLOGO CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE “LA ESPAÑA VACIADA”
- Hay que entender la despoblación como una crisis de territorio de dimensiones económicas, sociales y culturales: no sólo como un problema demográfico. Por lo que deben analizarse las causas que la han generado, el alcance de sus consecuencias y si las estrategias empleadas hasta ahora tienen alguna validez o deberían articularse otras más adecuadas y necesarias que no repercutan en la merma y abandono rural .
- Se precisa un cambio del modelo de territorio porque la despoblación que afecta a toda la España interior, si la medimos a una escala territorial adecuada como puede ser el municipio, obedece a la configuración de un modelo territorial de concentración de la inversión, del empleo, de la producción y por consiguiente de la población, sustentado sobre lo urbano y esencialmente metropolitano como territorio de eficiencia.
- Tienen que revisarse los criterios con que muchas veces se han trazado las estrategias y políticas respecto a la despoblación, ya que la denominada “ley del mercado” pero sobre todo ciertas políticas públicas encaminadas a favorecer o acoplarse a sus imposiciones han sido -en no poca medida- responsables también de la actual situación. Y ello es así porque el modelo que, a resultas de lo expuesto, ha sido más favorecido está soportado sobre una idea de crecimiento económico que funciona en base a la consideración de variables e indicadores parciales, caso de PIB, renta y empleo, sin evaluar otros costes más importantes para la digna supervivencia de las personas y sus culturas en un lugar: como es el de la propia capacidad de decisión local.
- Deben corregirse los desequilibrios generados, pues es este un modelo descompensado y falto de cohesión social que determinó diferentes oportunidades y calidades de vida entre lo rural y lo urbano y, como consecuencia, una emigración forzosa del campo a las ciudades, ya desde los años 50 del pasado siglo. Y habría ahora que romper o marcar distancia al fin con un modelo que solamente procura la intensificación del mercado, la industrialización del sector y la máxima productividad, como objetivo básico de desarrollo rural. Porque el urbano no es el único progreso posible.
- Se necesita promover el desarrollo sostenible del medio rural a partir de la construcción de la equidad de los sujetos implicados, puesto que la pérdida de capital humano es trascendental en sí, pero tiene, además de graves consecuencias demográficas, otras de gran importancia, así las económicas, sociales, territoriales y ambientales. Por ello es una crisis territorial que ha de combatirse desde las realidades, conocimientos y dignidad de las personas. En este sentido, habrá que desvelar, analizar y poner de manifiesto el verdadero papel de las mujeres en el medio rural, ya sea desde una perspectiva cercana, local, o global, que para nuestro entorno sería a la luz de los programas de desarrollo rural promovidos por la UE.
- Las dotaciones en materia de sanidad y educación resultan imprescindibles, a tal efecto, pues la educación es un derecho fundamental del ciudadano, entendiéndolo como un elemento sobre el que se construyen otros, ya que sin educación no resulta posible ejercer derecho alguno de manera plena. De este modo, los poderes públicos españoles, a través de las distintas Administraciones educativas, deberán garantizar el ejercicio de este derecho en las mismas condiciones, bien se trate de un ámbito urbano o rural. Para ello, deberían seguir apostando por estrategias e iniciativas de sensibilidad, flexibilidad y excepcionalidad con ese ámbito rural, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, dado sus dificultades y condicionamientos geográficos, demográficos y socioeconómicos.
- 7. La sostenibilidad social del medio rural necesita del arraigo femenino (no sólo de la creación de empleo), de modo que aquel contribuya a promover el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como la calidad en el empleo y su reconocimiento como trabajadoras. Para alcanzar la igualdad de género en este contexto es necesario promover la participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el ámbito doméstico-familiar como en los ámbitos laboral, político y social; pero, para que esa igualdad se haga efectiva habrá que fomentar la corresponsabilidad y romper con los estereotipos y roles implantados por una “re-tradicionalización franquista” más que por una verdadera “tradicionalidad”, que tanto han condicionado y condicionan su vida y, con ello, la propia sostenibilidad social del medio rural. Porque se extendió la convicción según la cual quedarse en el medio rural equivalía a abrazar y resignarse con el atraso; mientras que partir hacia las urbes constituiría entrar en la modernidad.
- Se impone conseguir la mejora de los servicios e infraestructuras, dado que ello resulta fundamental para favorecer el mantenimiento de la población en el campo. A tal fin, será imprescindible un consenso entre los diversos partidos sobre las políticas públicas dirigidas a corregir estrangulamientos de determinadas zonas, sobre todo aquellos derivados de la insuficiencia en infraestructuras de transporte y comunicaciones o de la escasa dotación de servicios; dentro de un contexto jerárquico a nivel de territorio, y garantizándose el acceso para todos. En esta línea, son transcendentales los títulos VII y VIII de la Constitución y el Fondo de Compensación territorial, así como presupuestos equilibradores del territorio y una verdadera cohesión social.
- 9. Proporcionar una adecuada `Ordenación del territorio´ en sentido estricto, y no sólo en lo que atañe a la dotación de servicios es imprescindible para determinar un mejor modelo territorial y económico, garantizar la sostenibilidad de los recursos y facilitar las sinergias territoriales y la conexión rural-urbana. Y es que constituyen estos territorios despoblados un problema por las consecuencias de la emigración, pero también por la brecha existente entre lo rural y lo urbano, en cuanto carecen de competitividad territorial por la falta de inversiones y adaptación de los territorios a los nuevos procesos. Pero son “territorios-recurso”, como demuestran iniciativas como las de los Grupos de Acción Local (GAL) con grandes fortalezas derivadas de los cambios en la demanda y los impuestos por el cambio de paradigma, de “crecimiento” a “desarrollo” y las consideraciones de la AGENDA 2030 Y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
- 10. Implementar una verdadera estrategia de desarrollo rural multifuncional y sostenible, vinculada a incentivos al emprendimiento muy concretos y controlados, a dinamizar el mercado de la tierra e impulsar sectores todavía no convenientemente implementados, cuales los de la industria agroalimentaria y el turismo cultural entre otros; junto con una política de vivienda eficaz y eficiente. A este respecto, hay que tener cuidado con las exenciones fiscales generalizadas que algunos pregonan, pues pueden discriminar territorios y sociedades de nuevo y vaciar de recursos al Estado, y no debe olvidarse que estos territorios son muy vulnerables, al igual que su sociedad, precisando importantes intervenciones estatales. Tanto o más importancia tendrá introducir la acepción antropológica de cultura y evitar la distorsión producida en el campo del patrimonio material o inmaterial por el uso abusivo de términos tales “tradición” y “tradicional” en cuanto caballo de Troya para la estigmatización de las visiones y prácticas no ajustadas a la versión oficial o hegemónica –si no a menudo reaccionaria- de conceptos como los de “cultura” “identidad” o “progreso”.
Soria, abril de 2019
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