Trabajo parlamentario intenso para cambiar la voluntad del Gobierno sobre depuradora
El alcalde de la capital Carlos Martínez ha participado esta mañana en una reunión de la comisión de seguimiento de la depuradora de Soria convocada por ACUAES. En la misma se han presentado distintas alternativas y escenarios de financiación para la ejecución de esta infraestructura declarada de interés general por el Gobierno de España.
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Los documentos, que contemplan costes que van desde 50 millones de euros, con la ejecución de la obra en Sinova, 37, con la reforma integral en la actual ubicación más emisarios, o 10, en el caso de que se opte por un ‘parcheo’ de la actual, no recogen ninguna aportación del Ministerio de Medio Ambiente y cargan a los bolsillos de los sorianos y sorianas el 65 por ciento del coste de cualquiera de los tres proyectos abonándose el resto con fondos europeos.
A la espera de estudiar la documentación, el alcalde Martínez ha insistido en la búsqueda de fórmulas para corregir este trato desigual hacia la depuradora soriana teniendo sobre la mesa ejemplos de otras infraestructuras en Plasencia, Cáceres, Estepona o Nerja que cuentan con financiación gubernamental al cien por cien.
El Ayuntamiento, además, defiende su postura al amparo legal del informe elaborado por la Secretaria General del Consistorio quien concluye que la declaración de interés general conlleva una serie de obligaciones del Estado que no puede obviar.
Por ello, el alcalde ha adelantado que se realizará un intenso trabajo parlamentario y político para conseguir corregir un “trato injusto y discriminatorio” y se llevarán a cabo reuniones para lograr ese respaldo necesario ante una demanda sobre la que “debe existir solidaridad y consenso de todas las fuerzas políticas. No podemos hablar de discriminación en positivo, de medidas especiales en Soria y simultáneamente aceptar este trato desigual”.
Para ello, se comenzará por una reunión con el Grupo Socialista en el Congreso con el objetivo de elaborar una Proposición no de Ley que presentar en la cámara así como ronda de contactos con otros grupos para conseguir el compromiso necesario que haga que el Ministerio corrija su postura y se involucre económicamente en la ejecución de la depuradora.
El propio informe de Secretaria afirma que la depuradora es una obra de interés general por lo que es erróneo afirmar que su ejecución o financiación sea responsabilidad del Ayuntamiento. La competencia y responsabilidad es del Estado conforme al artículo 124 de la Ley de Aguas.
Este documento recuerda, además, que la obra no se ejecutó en el anterior periodo de fondos europeos ante la imposibilidad de firmar una adenda remitida por el Gobierno que es calificada por los servicios jurídicos de “inviable jurídica y económicamente al atribuir, sin base legal alguna, la responsabilidad ilimitada al Ayuntamiento de lo que pudiera acontecer si la obra no finalizaba en plazo”.
El borrador de la adenda se remitió en octubre de 2014 y sólo la ejecución de la planta, son conexiones, tenía un periodo de obra de más de 20 meses.
Con todas estas premisas, ejemplos de otras depuradoras y argumentos legales, el alcalde de la capital confía en que el trabajo político pueda dar sus frutos con el apoyo de los grupos del arco parlamentario.
En este sentido añade que “alguien debe explicar por qué los vecinos de Soria deben pagar el 65% de una depuradora y los de otras ciudades cero euros”. Carlos Martínez, además, ha recordado la propuesta municipal que “ya supone un importante esfuerzo. Nosotros sí nos hemos movido, hemos sido flexibles y hemos aceptado cofinanciar hasta el 33% de esos 50 millones de euros. Creemos que es una cantidad muy importante y que el Ministerio debería, al menos, contribuir con otro 33%. Nos avale el sentido común, la razón, la ley y la justicia y no vamos a resignarnos con esta propuesta totalmente discriminatoria”.
