Los cargos electos de Ciudadanos avalan la decisión de sus dos diputados provinciales
De Miguel y Lozano presentarán después de Semana Santa las alegaciones al expediente disciplinario
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Los diputados de Ciudadanos, José Antonio de Miguel y Rául Lozano, cuentan con el respaldo de los cargos electos de su formación en la provincia para seguir ejerciendo sus responsabilidades en la instititución provincial, tras la reunión mantenida anoche en Almazán.
Cuarenta concejales y alcaldes de Ciudadanos han apoyado a sus dos diputados provinciales para que sigan siéndolo y además avalan su decisión de aprobar la moción, en el pleno de la Diputación soriana, en defensa de su pervivencia y mantenimiento, y que ha provocado la apertura de un expediente disciplinario.
Tan sólo un cargo electo se ha pronunciado en contra de los dos diputados provinciales.
En las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015, Ciudadanos consiguió 4.380 votos, el 9,02 por ciento del escrutinio, lo que permite contar en esta legislatura con 42 concejales.
En este sentido ha resaltado que los cargos de diputados provinciales dependen directamente de los concejales elegidos en las urnas, no del partido. El diputado provincial y alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, ha reconocido que esta votación, calificada como una cuestión de confianza, les ha dado más tranquilidad sobre las decisiones adoptadas y que han derivado en un expediente disciplinario.
Ciudadanos ha suspendido a De Miguel y Lozano de forma cautelar, a través de un expediente disciplinario, por incumplir los artículos 2.6 y 2.4 de los acuerdos estatutos, con apoyar la moción por la pervivencia de la Diputación de Soria.
SUSPENSIÓN
Esta suspensión cautelar puede acarrear posteriormente una suspensión de afiliación por un período de dos años; una pérdida de los cargos orgánicos que ostentan; la inhabilitación para cargo orgánico durante un año y, si determinan como lo ha hecho, que la falta es muy grave, su expulsión.
Los dos diputados provinciales de Ciudadanos no presentarán sus recursos hasta después de Semana Santa, apurando los plazos abiertos con el expediente disciplinario.
Las alegaciones se basarán en varios aspectos tanto de la situación de la institución soriana, que da servicio a una provincia con 512 núcleos de población en 10.000 kilómetros cuadrados, como de la falta de dolo a la hora de tomar la decisión así como la buena gestión económica de la Diputación soriana -con deuda cero-.
