El PSOE reclama que la Junta contribuya al coste de servicios financieros en medio rural
La procuradora socialista Esther Pérez ha reclamado a la Junta de Castilla y León una mayor implicación económica para garantizar el acceso a los servicios financieros en el medio rural y evitar que sean los pequeños ayuntamientos y las diputaciones quienes tengan que asumir en solitario el coste de las soluciones frente al cierre de oficinas bancarias.
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Pérez ha intervenido en las Cortes de Castilla y León durante el debate de una iniciativa destinada a impulsar una línea específica y permanente de ayudas para colaborar con los ayuntamientos rurales en los gastos derivados de la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos.
La procuradora socialista ha reconocido que durante los últimos años se han producido avances en materia de inclusión financiera, especialmente gracias a alternativas como los cajeros y las oficinas móviles.
Sin embargo, Pérez ha advertido de que la mejora "no significa considerar resuelto el problema".
Según los datos citados, todavía existen 1.336 municipios de Castilla y León, el 59,4 por ciento del total, y cerca de 200.000 personas sin acceso presencial a estos servicios.
Además, mientras se ha ampliado la cobertura mediante soluciones alternativas, el número de oficinas bancarias tradicionales ha seguido disminuyendo, al pasar de 1.322 en 2021 a 1.240 en 2024.
Soria: hasta 22 kilómetros para acceder al servicio
Pérez ha trasladado el problema a la realidad de la provincia de Soria y ha recordado que las soluciones puestas en marcha mediante la colaboración de la Diputación Provincial y Caja Rural de Soria tampoco alcanzan a todos los núcleos.
La procuradora ha citado casos concretos de vecinos que deben desplazarse seis kilómetros para acceder a un servicio bancario y el de Villasayas, cuyos habitantes tienen que recorrer alrededor de 22 kilómetros hasta Almazán al no llegar hasta la localidad la alternativa de banca móvil.
Pérez ha relacionado esta situación con las deficiencias que, según ha señalado durante su intervención, presenta el transporte a la demanda en la provincia, lo que complica todavía más el acceso a los servicios para quienes no disponen de vehículo propio.
"Detrás de todos estos números hay personas", ha recordado la procuradora, mencionando especialmente a personas mayores que necesitan retirar efectivo, ciudadanos que no utilizan habitualmente la banca electrónica, personas con dificultades de movilidad y también autónomos y pequeños comerciantes que necesitan realizar operaciones con dinero en efectivo.
A su juicio, no resulta razonable que el acceso a servicios financieros básicos termine dependiendo de la capacidad presupuestaria de cada municipio.
"Unos vecinos pueden tener acceso a determinados servicios porque su ayuntamiento pueda pagarlos y otros no porque no dispongan de esos recursos", ha defendido Pérez, quien considera necesario que la Junta asuma también responsabilidades de coordinación, planificación y colaboración económica.
El PSOE ha respaldado por ello la creación de una línea específica y permanente de ayudas de la Junta para colaborar con los ayuntamientos rurales en el coste de mantener o instalar cajeros automáticos.
Pérez ha subrayado el carácter permanente de estas ayudas, ya que instalar un cajero supone un coste, pero también lo tienen su mantenimiento, la adecuación de espacios o las comunicaciones necesarias para prestar el servicio.
La procuradora ha recordado además que el PSOE ya presentó en junio de 2022 una iniciativa para impulsar un pacto de Comunidad contra la exclusión financiera y garantizar una cobertura suficiente de servicios bancarios, fundamentalmente en el medio rural.
La cuestión volvió a debatirse en las Cortes en septiembre de 2023, cuando parte de las propuestas fueron aprobadas.
"Cuando hablamos de exclusión financiera no hablamos únicamente de un problema bancario; hablamos de cohesión territorial, de igualdad y también de lucha contra la despoblación", ha concluido, vinculando el mantenimiento de los servicios en los pueblos con el derecho a quedarse, a vivir, a venir y a volver al medio rural.
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