El PSOE acepta en Diputación tramitar la amnistía
La Diputación provincial de Soria ha aprobado este viernes en pleno, con el voto contrario del PSOE, la moción contra la tramitación de una ley de amnistía que supondría, según el PP, exculpar no sólo a centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que llevaron a cabo los independentistas catalanes.
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“Es un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”, ha denunciado el presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano (PP), en la defensa de la moción que ha contado para su aprobación con los votos del PP y de Vox.
El diputado provincial Carlos Martínez ha defendido la postura de su grupo de rechazar la moción, a la que ha calificado de oportunista y que lo único que pretende es "incendiar la convivencia".
Además ha animado al PP a reflexionar sobre las dos últimas convocatorias electorales y unos resultados que le dejan sólo, sin más apoyos que Vox.
Martínez Mínguez ha expresado su confianza en el Estado de Derecho, asegurando que cualquier ley de aprueba el Congreso -como la de la amnistìa- tendrá que cumplir la Constitución.
La moción aprobada rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito y defiende que e el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
Por ello anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.
En la argumentación, la moción recuerda que el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guio la Transición a la democracia y fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron el camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia y ambas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales.
Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional y la reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación y algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero, tratando de evitar desde entonces la acción de los Tribunales españoles y europeos.
El pasado 5 de septiembre Carles Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación y además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas.
“Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, denuncia la moción.
