El TSJ dictaminó que "la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa".
De esta manera, "la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades".
Los tribunales detienen así la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Noviercas
Una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas, con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes, como así ha advertido el colectivo ecologista.
A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León "sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta".
En la práctica, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en los dos últimos años mediante una simple comunicación a la Administración deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la desregulación confirmada ahora ilegal.
En opinión de Ecologistas en Acción, "se trata de una excelente noticia para el medio ambiente de Castilla y León y de un fracaso más del consejero del Partido Popular Suárez-Quiñones, incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su departamento en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales.
