Distiller, condenada por delito ambiental
En el Juicio en vía penal que ha tenido lugar en Soria este lunes, Daniel Crous Aguilera, como responsable de la empresa Distiller S.A, ha aceptado la condena por delito ambiental en el tipo básico establecido en el artículo 325 del código penal, ya que los vertidos han causado daños sustanciales a la calidad del del suelo y de las aguas. contravenían las leyes protectoras del medio ambiente.
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La condena recibida es de cinco meses de prisión, multa de 15 euros/día durante 8 meses, inhabilitación de 8 meses para ejercer su cargo de administrador de empresas, restauración del medio deteriorado y una indemnización de 100.000 euros de la que se beneficia la Junta de Castilla y León.
En todo caso habrá que esperar a que se dicte la Sentencia para conocer con precisión los términos de la misma, según ha advertido Ecologistas en Acción de Castilla y León.
Para Ecologistas en Acción, la importancia de este juicio está en que demuestra que las asociaciones ambientales son necesarias y prestan una excelente ayuda a las administraciones que quieren realmente proteger la salud ambiental y hacer cumplir la ley, y que con ella se ha impedido que la contaminación tóxica se pare y restaure el medioambiente afectado.
También es un aviso para aquellos delincuentes ambientales que se sienten impunes, y en especial para aquellos que se enriquecen ante la falta de control administrativo, o cuentan con apoyo político.
En el otoño de 2016 socios de Ecologistas en Acción de Soria, tras ser avisados por los vecinos de la existencia de olores irritantes que procedían del polígono industrial Emiliano Revilla de Ólvega, detectaron que tales olores procedían de la empresa Distiller S.A, y que los mismos estaban presentes también en las aguas y limos del arroyo de los Caños.
Ante la sospecha de su toxicidad se envió una muestra de agua contaminada para ser analizada en un laboratorio acreditado, cuyos resultados indicaban que efectivamente había una concentración de varias sustancias tóxicas: hidrocarburos, algunos clorados, y de metales pesados.
Considerando este análisis y la información aportada por los ecologistas como un indicio de delito ambiental, la fiscalía realizó una inspección a la zona con toma de muestras de agua y de tierras, que dio lugar a que se iniciara un proceso judicial, que finalmente y tras 5 años ha acabado en un juicio oral celebrado el día 21 de febrero de 2022, en el que la Federación de Ecologistas en Acción de CyL ha ejercido de acusación popular.
La diligencias de la fiscalía, la intervención del equipo del SEPRONA y la presencia de Ecologistas en Acción en el proceso judicial han sido los elementos disuasorios adecuados para que la empresa haya adoptado medidas previamente a la celebración del juicio, y así minimizar los graves problemas y daños ambientales que ha estado generando la planta de Distiller en Ólvega. Según la propia empresa, el coste de tales medidas le ha supuesto un desembolso de 650.000 euros (de momento).
Hay que decir que estos olores y vertidos eran evidentes para las administraciones con competencias en Ólvega, las cuales podrían haber actuando para prevenir y luego reducir los daños ambientales:
-El Ayuntamiento de Ólvega que tal y como consta en documentación del juicio no sabía que varias empresas estaban vertiendo ilegalmente a su colector municipal de pluviales, que según los análisis periciales de la propia Distiller han seguido realizando otras empresas. Todo ello en consonancia con la forma de actuar del anterior alcalde de Ólvega se enteró por la prensa de los vertidos del año 2012 varios días después del suceso.
-La Confederación del Ebro porque desde el vertido del año 1012, que afectó al arroyo de los Caños, no ha hecho nada por atender a los escritos de Ecologistas en Acción que le pedían que estudiará la presencia de sustancias tóxicas en las aguas del río Val en Ólvega, ni por adoptar medidas para conocer si un vertido accidental de Distiller en el año 2014 había afectado tal arroyo.
-La Junta de Castilla y León, porque su normativa y sistemas de control en materia de tratamiento de residuos se muy deficiente: sancionó con una mínima multa el vertido del 2012 sin hacer un sólo análisis de su toxicidad; y en otro vertido accidental no impuso medidas de conocer y controlar la contaminación del subsuelo con la diligencia e interés que se supone para un tipo de actividad empresarial tan peligro. Al respecto hay que decir que a la vez que había vertidos al río, se estaban emitiendo olores a la atmósfera que fueron denunciados por vecinos en el año 2016, y que no fueron sancionados hasta el año 2019. En tal expediente quedaba demostrado que había numerosas irregularidades en las de emisiones a la atmósfera, en la gestión de residuos y en la aparición de derrames con riesgo de contaminación del suelo y subsuelo. También ignoraron los dos incendios del año 2016 y 2017.
A la Junta de CyL también se le ha echado (y se le echa) en falta en relación a sus responsabilidades en materia de protección de la salud laboral de los trabajadores, que por su cercanía a los focos contaminantes del aire que respiraban, del agua y del suelo.
Muchas de estas informaciones han ido publicando ASDEN y Ecologistas en Acción a lo largo de 10 años, haciendo ciertos algunos de los rumores que corren por el pueblo de Ólvega en relación a la impunidad con la que aparentemente ha actuado Distiller.
Por ejemplo a los vecinos les parecía inaudito que varias sentencias judiciales en vía administrativos, iniciados por la Federación de Ecologistas en Acción, anulaban sus Autorizaciones ambientales e inmediatamente se les otorgaban otras nuevas que las legalizaban.
Una vez que la empresa ha reconocido la comisión de delitos ambientales, sería inaudito para Ecologistas en Acción de Castilla y León que las autoridades locales permitiesen a Distiller el instalar una incineradora de residuos tóxicos que está tramitando la Junta de CyL sin tener en cuenta las más de 700 alegaciones de los vecinos de Ólvega, de asociaciones y de entidades locales de Aragón.
