Barcones: "La ley de memoría democrática se cumplirá"
La Delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, ha garantizado este miércoles que en la Comunidad se cumplirá la ley y los tres municipios que conservan en sus topónimos referencias a la época franquista, tendrán que retirarlas.
Barcones, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles para explicar los avances en modernización de regadío en canales de Ines y de Eza, en Soria, ha asegurado a preguntas de los periodistas que “en Castilla y León, en España y en Soria se va a cumplir la ley”.
En este sentido ha resaltado que no hay otra alternativa que cumplir la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho.
“Creo que este Gobierno ha sido abanderado en la memoria democrática de nuestro país y creo que tiene dos premisas fundamentales: memoria, para que jamás vuelva a pasar lo que paso en nuestro país; y dignidad, para que todas las víctimas que desgraciadamente en nuestro país siguen siendo muchas las que todavía están en las cunetas para ir recuperando, junto con las familias, estas víctimas”.
Barcones ha recordado que España es el segundo país del mundo que más víctimas sigue teniendo en las cunetas.
“La ley en Castilla y León se va a cumplir”, ha sentenciado.
El abogado Eduardo Ranz ha presentado hace quince días 28 peticiones a Obispados, Arzobispados y municipios de España, con simbología franquista, en el que solicita su retirada y entre los ocho municipios españoles, se encuentra tres de Castilla y León (San Leonardo de Yagüe, Quintanilla de Onésimo y Alcocero de Mola, en las provincias de Soria, Valladolid y Burgos, respectivamente).
La Ley de Memoria democrática, en su artículo 35, establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo y o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
La ley establece que serán las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, las que adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.
La Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las Comunidades, y contendrá
la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los términos del artículo 35.
Si no se produce la retirada o eliminación de los elementos incluidos en el catálogo, de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.
En todo caso, según recoge la ley, se dará trámite de audiencia a las personas y el procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de su incoación.
La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a tres meses.
