Admitida a trámite la denuncia contra el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe
El abogado Eduardo Ranz solicita que citen a declarar al alcalde y al secretario municipal
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El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha admitido a trámite esta semana la demanda presentada por el abogado Eduardo Ranz contra el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para que retire de su gentilicio el apellido del general franquista.
El Juzgado requerirá ahora al Ayuntamiento sanleonardino para que remita en un plazo improrrogable de 20 días los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado, según ha explicado hoy Ranz, quien presentó el 11 de febrero una denuncia penal contra el alcalde de la localidad soriana y un derecho de petición ante el Ayuntamiento.
"He solicitado que citen a declarar al alcalde y al secretario general y el Juzgado decidirá si mi pretensión es correcta o no", ha declarado.
Ranz ha reconocido que la resolución del caso se demorará meses, ya que la sentencia del juzgado soriano podrá recurrirse ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León.
En la demanda, Ranz reclama la retirada del apellido "Yagüe" y pide la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y dictadura en el municipio, para la retirada de escudos, insignias, placas, derechos y honores u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura.
El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe decidió hace quince días en un pleno mantener el nombre y solicitar una consulta al Juzgado de El Burgo de Osma sobre el mantenimiento del apellido y las posibles consecuencias.
Informe
Ranz ha señalado que el informe del secretario municipal recomendaba ya la retirada de "Yagüe" porque de lo contrario se podría incurrir en conductas delictivas.
En cuanto a la consulta al juzgado formulada por el Ayuntamiento sanleonardino, el abogado ha señalado que es falsaria puesto que no es un órgano consultivo sino que resuelve denuncias y demandas.
Ranz ha resaltado que la Ley de la Memoría Histórica está en vigor desde hace una década, aunque adolece de fijar plazos y posibles sanciones a los posibles incumplidores.