Denunciada la desaparición forzosa de cuatro represaliados en La Riba de Escalote

Miembros de Recuerdo y Dignidad y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han descubierto esta semana una fosa común clandestina ubicada en este término municipal, un hallazgo documentado por la Guardia Civil y la Policía Judicial y cuyos objetos y restos humanos encontrados fueron llevados al Juzgado de Almazán, según ha recordado en un comunicado la asociación.

La denuncia, redactada por Recuerdo y Dignidad y abogados de Rights International Spain y la Asociación pro Derechos Humanos, recoge documentalmente los principales aspectos relativos a este tipo de crímenes contemplados por el derecho internacional y que asume la legislación interna.

A lo largo de la denuncia, a la que se adjunta una "nutrida" documentación, se desgrana como los asesinatos de estas personas, así como de otras 582 en la provincia de Soria, se cometieron estando la mayor parte de las víctimas bajo custodia de la Comandancia Militar de Soria.

Uno de los documentos que se adjunta incluye una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por parte del Gobernador Civil en el que certifica que lo relativo al orden público debería efectuarse por agentes de su autoridad portando orden escrita suya o de la Comandancia Militar.

En la denuncia se va argumentando también como los crímenes son cometidos contra la población civil.

"No se trata de víctimas de la guerra, sino de la represión del levantamiento militar. La motivación para los crímenes es claramente política", ha subrayado el presidente de Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio.

De los cuatro desaparecidos-asesinados dos eran fundadores y presidente y vicepresidente de las Juventudes Socialistas, otra persona militante de Unión Republicana y concejal del Ayuntamiento de Berlanga y, la última, militante de Izquierda Republicana.

Además, según Aparicio, los crímenes responden a unos patrones ejecutados de manera sistemática en toda la provincia y en gran parte del Estado cuando iba cayendo bajo control de los militares alzados a partir del 18 de julio de 1936.

En el escrito se desarrolla también cómo los asesinatos se produjeron lejos del frente de guerra y las personas son enterradas en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización.

La denuncia de la ASRD incide en los distintos informes que, desde que el Tribunal Supremo se pronunció en el caso Garzón, han emitido las principales autoridades en materia de Desapariciones Forzadas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

El relator para la Verdad, la Justicia y la Reparación de la ONU Fabián Salvioli ha reiterado, respecto a la impunidad actual, que "no hay ningún impedimento legal para juzgar los crímenes del franquismo"