El juzgado recibe restos mortales de represaliados en La Riba
la Sociedad de Ciencias Aranzadi hará entrega mañana viernes, a las 12:00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán de los cuerpos de las cuatro personas exhumadas en la Riba de Escalote en septiembre de 2019.
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Los cuerpos se encontraban depositados en la Sociedad de Ciencias bajo la custodia del antropólogo forense Francisco Etxeberria tal y como recoge el informe de la policía judicial redactado con motivo del levantamiento de los cuerpos.
A raíz de la identificación positiva por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de tres de los cuatro desaparecidos, el juzgado dictó una providencia acordando devolver los restos que le habían sido entregados por el Instituto de Medicina Legal a la Asociación Recuerdo y Dignidad.
Dicha providencia recoge que " al objeto de no demorar más el procedimiento y que lo referidos restos puedan tener por fin un destino digno, debo acordar la devolución de los restos a los que se refiere la presente resolución a la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad para que a través de la misma se entreguen a los familiares y se les dé el destino que corresponda".
Tras la recepción de esta providencia, Recuerdo y Dignidad solicitó que además de los escasos restos que estaban en el IML que se le iban a entregar, se requiriera a Aranzadi para que pusiera a disposición del juzgado la totalidad de los restos.
El objeto era que se realizara la entrega a la asociación soriana (y esta a los familiares de los desaparecidos) de los restos mortales completos de las víctimas.
También se aprovechó para solicitar que se tomará nuevas muestras biológicas para la identificación correcta del cuarto cadáver, presuntamente Silverio Lumbreras Pérez.
Tal y como apuntaba la comparecencia forense del Instituto de Medicina Legal de Soria sobre este particular, habría que exhumar a algún familiar directo para poder tomar dicha muestra biológica.
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán dictó entonces una nueva providencia requiriendo a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que pusiera a su disposición la totalidad de los restos mortales.
Dicha providencia también determinaba, respecto a la identificación de Silverio Lumbreras, que se resolvería en una resolución independiente. Una vez entregados los cuerpos de las cuatro personas al juzgado, además de los recibidos ya del IML, se requerirá a Recuerdo y Dignidad, para que se persone en el juzgado para hacerle entrega de los cuerpos completos de los desaparecidos.
La asociación soriana preparará entonces el acto de homenaje y entrega de los restos mortales de a sus familiares. Se prevé que he dicho acto tendrá lugar a finales de este verano.
La causa
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán incoó diligencias por el asesinato de 4 personas en La Riba de Escalote, tras aparecer en una prospección arqueológica el 24 de julio de 2019 los restos mortales de, al menos dos personas, con evidencias de muerte violenta.
La incoación de diligencias penales son consecuencia de la denuncia por Crímenes Contra la Humanidad que la citada asociación interponía el 26 de julio del mismo año en el juzgado adnamantino al descubrir una fosa que, según las investigaciones y testimonios, albergaría los cuerpos de cuatro personas desaparecidas el 16 de septiembre de 1936.
En la elaboración de la denuncia participan abogados de Rights International Spain y de CEAQUA coordinados por Recuerdo y Dignidad.
Tanto la Policia Judicial como la Guardia Civil de Almazán emitieron informes relativos a su presencia durante los trabajos de prospección y la aparición de los restos óseos humanos hallados.
Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa.
Esta es la tercera ocasión en la que la Asociación Recuerdo y Dignidad logra que se incoen diligencias penales sobre desapariciones forzadas de civiles en el contexto del levantamiento militar fallido de 1936, que dio lugar a la guerra civil y a la dictadura militar del general Franco.
En una cuarta causa por la desaparición y asesinato de Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria se presumió en el Juzgado de la capital, desaparición forzada en un contexto de Crímenes contra la Humanidad pero, a pesar de ello, se archivó de manera definitiva.
Las investigaciones sobre el paradero de los cuatro sorianos desaparecidos comenzaron en 2018 tras recibir la ASRD la solicitud de investigación por parte de la familia de Adolfo Morales Ruiz.
Tras hacerse pública la búsqueda, familiares de Silverio Lumbreras Pérez contactaban con la asociación soriana para interesarse por la recuperación de los restos mortales de su familiar.
En el transcurso de las investigaciones, la ASRD contactó con un sobrino de Gregorio Valdenebro Moreno, preocupado por encontrar a su tío.
Tres días antes de la exhumación la asociación memorialista soriana encontraba a los familiares del berlangués Alberto Rodrigo León. Entre ellos su hija que aun vive.
La judicialización de la recuperación de los cuerpos de los civiles hechos desaparecer dentro de la represión que conllevaba el levantamiento militar del 18 de julio es necesaria para la asociación soriana porque supone tratar a los desaparecidos como víctimas en lugar de como restos arqueológicos.
En la denuncia por crímenes contra la humanidad que la ASRD interpuso en el Juzgado de Almazán tras hallar restos óseos supuestamente pertenecientes a los cuatro desaparecidos-asesinados en La Riba, la asociación considera que existen indicios más que evidentes de la comisión de crímenes contra la humanidad.
La asociación documenta en su denuncia inicial que, tal y como las máximas autoridades internacionales en la interpretación de los crímenes contra los derechos elementales han subrayado, los hechos reúnen las características de este tipo de represión.
Según se apoya documentalmente los asesinatos de La Riba de Escalote no serían hechos aislados, sino que formarían parte de un plan de exterminio premeditado. Dicho plan, que ha sido descrito historiográficamente, tendría como objetivo población civil, no combatiente, y una clara motivación ideológica.
Las órdenes de asesinato tendrían un carácter marcadamente jerárquico y se produjeron bajo custodia de las autoridades cívicas y militares.
Dichos crímenes se agrupaban en tres patrones de asesinato sistemáticos: extracción de prisión y asesinato, condena por consejo sumarísimo y asesinato o asesinato directo tras la detención ilegal.
Los cuerpos fueron ocultados en fosas comunes clandestinas para dificultar su localización y prolongar la agonía de las familias de los desaparecidos.
A día de hoy, ninguna autoridad del estado ha dado razón del paradero de ninguna de estas personas hechas desaparecer por la fuerza. Lo que implica para Recuerdo y Dignidad que el delito que se denuncia permanece a día de hoy. Hasta la actualidad en España se han exhumado un número cercano a las 800 fosas comunes similares a las de La Riba en Soria, en las que se repiten los patrones de detención, desaparición forzosa y enterramiento clandestino.
Sólo en Soria, tal y como se ha informado al Juzgado de Almazán se tiene información sobre 609 civiles hechos desaparecer y asesinados.
A pesar de eso, en el auto emtido por el juez, considera que se trataría de un posible delito de asesinato u homicidio. La catalogación de estos crímenes de incumbencia universal peligra después de que el Tribunal Supremo emitiera recientemente una sentencia ignorando por completo las obligaciones del Estado Español en materia de violaciones especialmente graves contra los derechos fundamentales.
Los desaparecidos
- Adolfo Morales Ruiz. Natural de Gómara y residente en Soria, donde militaba y fue fundador de las Juventudes Socialistas y en UGT. Era comisionista y tenía 26 años cuando fue asesinado.
- Silverio Lumbreras Pérez corrió la misma suerte que Adolfo, junto a quien pasó por las cárceles de Soria y Almazán. Era electricista de 25 años de edad, perteneciente a
las Juventudes Socialistas. Ambos fueron asesinados atados uno al otro, y enterrados del mismo modo.
-Gregorio Valdenebro Moreno, era jornalero de 28 años de edad, casado y perteneciente a Unión Republicana.
-Alberto Rodrigo León, sastre de 32 años, casado y con tres hijos, y concejal del Ayuntamiento de Berlanga, además de ser el Tesorero de Unión Republicana
