OCU lamenta que el Gobierno no escuche sus propuestas en materia de vivienda
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado hoy su firme malestar por no haber sido convocada a la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana con treinta organizaciones sociales para abordar la crisis habitacional en nuestro país.
Se mantiene la tendencia creciente de las infecciones de transmisión sexual en 2023
1.806 personas fallecieron en 2023 en siniestros de tráfico
OCU ha considerado en un comunicado que la ausencia de la organización en este importante encuentro supone una oportunidad perdida para incluir la voz de los consumidores y plantear soluciones reales y viables.
OCU es un actor clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda, con una experiencia consolidada y propuestas concretas para mejorar el acceso y la asequibilidad de la vivienda en España.
En un contexto en el que cientos de miles de hogares se enfrentan a graves dificultades para encontrar una vivienda adecuada, es imprescindible que todas las voces que representan a los ciudadanos estén presentes en la mesa de diálogo.
OCU ha propuesto una batería de medidas esenciales para avanzar hacia un mercado de la vivienda más justo y equilibrado:
1.- Para contribuir a resolver el problema de la vivienda hay que actuar en dos niveles, en paralelo:
Con carácter general, adecuar la oferta a la demanda, facilitando la puesta en disponibilidad de vivienda suficiente para unas necesidades que deben planificarse, aunque varíen en función de factores como la demografía, la formación de hogares o el empleo.
En 2023 el número de hogares crece en 285.000 mientras que el número de viviendas terminadas fue de 86.000. El INE proyecta la creación de 2,7 millones de hogares nuevos hasta 2037. La acción de los poderes públicos pasa por aprobar una regulación adecuada, en urbanismo, construcción y arrendamientos, y en facilitar una distribución de la población más equilibrada en todo el territorio nacional.
En particular, pensando en las personas con mayor dificultad de acceso a la vivienda, destinar recursos para disponer de un parque suficiente de vivienda social, ya sea por nueva construcción por parte de la Administración o por parte de entidades particulares, o por la adquisición pública de vivienda existente.
La acción de los poderes públicos pasa por destinar a este punto recursos públicos suficientes.
Para ello OCU ha propuesto la creación de un parque público de vivienda en alquiler acorde a las necesidades.
El precio medio de la vivienda en la inmensa mayoría de los municipios españoles resulta inasequible para cientos de miles de hogares en nuestro país y para cientos de miles de jóvenes que aspiran a emanciparse. Es preciso invertir en la creación de un parque público de vivienda en alquiler, suficientemente grande como para dar respuesta a estas necesidades. No solo a través de nueva construcción sino también mediante adquisición de inmuebles existentes y la reafectación de edificios públicos en desuso. Pedimos que los planes estatales de vivienda sean ambiciosos y, sobre todo, que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento firme un compromiso de ampliación del parque público en su ámbito respectivo en el periodo 2024-2027.
En concreto, OCU ha solicitado que el plan plurianual de inversión en vivienda pública alquilada pase del papel a los ladrillos.
Y ha reivindicado un plan ambicioso de inversión en vivienda pública en alquiler, que vaya más allá de las promesas electorales y se proponga metas anuales realistas buscando fórmulas de colaboración público-privada.
En concreto, ha solicitado:
1 - Incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, para que tuviera un impacto estable en un parque donde actualmente hay casi 3 millones de viviendas alquiladas. Rehabilitar las viviendas existentes que están vacías y atraer vivienda privada infrautilizada para incorporarla a las bolsas de alquiler público.
2.- Favorecer en el corto plazo la ampliación de la oferta de vivienda en alquiler aportando seguridad jurídica.
3.- Transparencia en la intermediación del alquiler y la compra-venta.
4.- Favorecer la creación de Oficinas autonómicas de vivienda.
5.- Aprobar ayudas públicas para hogares afectados por la escalada del Euribor.
6.- Revisión de los procedimientos urbanísticos.
7.- Plazos de recuperación del inmueble más cortos en caso de ocupación.
8.- Adopción de medidas extraordinarias para consumidores vulnerables.
9.- Descentralización efectiva de los centros de trabajo.
10.- Medidas para agilizar la mejora de la eficiencia de las viviendas.