Presentada Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre control efectivo de fronteras
Madrid ha acogido este 10 de noviembre la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el control efectivo, la prevención y la gestión integral de las fronteras exteriores terrestres, con especial atención a Ceuta y Melilla.
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El acto de presentación oficial ha tenido lugar en las instalaciones del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, situado en la céntrica calle de Jorge Juan de la capital.
La convocatoria ha reunido a diversos representantes institucionales, profesionales y entidades sociales.
Detrás de esta propuesta se encuentra el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, que ha contado con la colaboración directa de la Asociación Cultural Convergencia Cívica Valenciana para perfilar el texto definitivo.
Asimismo, la propuesta aglutina un amplio respaldo sectorial al sumar el apoyo explícito de treinta y tres organizaciones de la sociedad civil española.
Los impulsores pretenden abrir un cauce estable de diálogo, información y participación ciudadana que permita trasladar demandas reales directam
nte a las instituciones del Estado.
El objetivo último es propiciar que la proposición de ley alcance el debate formal y su consiguiente tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
El texto normativo plantea la creación de mecanismos permanentes de cooperación entre las diferentes administraciones públicas competentes.
Con ello se busca optimizar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo que afecten directamente a los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la convivencia cotidiana.
Entre los asistentes se encontraba el vocal asesor jurídico de la iniciativa, Óscar Castellanos, y representantes de Sociedad Civil Española, entre ellos Amalio de Marichalar, que ha compartido la presentación con los promotores, y Fernando Mut.
Uno de los ejes principales de la propuesta radica en la necesidad de combinar el rigor en el control fronterizo con la estricta protección de los derechos fundamentales.
De igual modo, se contempla una atención específica hacia los colectivos más vulnerables, garantizando la seguridad jurídica y la cohesión territorial.
La organización considera imprescindible evaluar de forma constante las medidas que se adopten para certificar su eficacia real sobre el terreno.
La estrategia normativa aboga por una planificación continuada que supere la mera respuesta coyuntural ante las incidencias fronterizas.