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Igualdad elabora una Ley Integral Contra la Trata

Igualdad elabora una Ley Integral Contra la Trata

Dando respuesta a sus compromisos, impulsará un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata y de seres humanos y garantizar la mejora de la atención, la protección y la recuperación de sus víctimas.

La trata supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.

Además, la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género: la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.

La Administración General del Estado, los gobiernos autonómicos y algunas entidades locales, a través de políticas públicas desarrolladas durante la pasada década, han consolidado una red de dispositivos y servicios de información, detección y atención integral y especializada a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata.

Los informes del Pacto de Estado, tras identificar la situación actual de la lucha contra la violencia contra las mujeres en España y analizar los problemas que impiden avanzar en su erradicación, recogen un conjunto de propuestas de actuación a aplicar durante la vigencia del Pacto, incluyendo las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Consejo de Europa.

La normativa europea y los estándares internacionales establecen la obligación de los poderes públicos de prevenir estos graves abusos y de garantizar la protección de los derechos de las víctimas, adultas o menores, a través de un catálogo de servicios y prestaciones.

Más allá de la lucha contra la trata desde el terreno de la justicia penal, en el plano de los derechos de las víctimas, el Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos (Convenio de Varsovia) y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, comprometen a España, a identificar a las posibles víctimas y ofrecerles una asistencia integral, accesible y apropiada.

En ese sentido se recuerda que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), compele a los estados parte a adoptar "medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este delito en su derecho interno".

Así mismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en su objetivo estratégico D.3 exhorta a los gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres.

 

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