El senador Jiménez acusa al alcalde de ser cómplice en reparto ilegal de extranjeros
El senador soriano del Grupo Popular, Javier Jiménez, ha acusado hoy al alcalde de Soria, Carlos Martínez, de ser cómplice del reparto ilegal y desigual de extranjeros por parte del Gobierno de España y de ignorar que el centro de refugiados de Soria no cumpla con la orden de Castilla y León.
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El senador ha valorado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores inmigrantes no acompañados que estaba prevista para este jueves y que tuvo que ser suspendida después del plantón de los dirigentes del Partido Popular.
Los populares han considerado que ese reparto es completamente “ilegal” y se niegan a ser “cómplices de la falsa solidaridad del Gobierno”.
“Pedro Sánchez utiliza la inmigración como mercancía para contentar a Junts y al PNV y el señor Martínez sigue igual de callado que con la corrupción de quien le puso a dedo”, ha censurado.
La Conferencia Sectorial no va a resolver el problema migratorio en las Islas Canarias ni en el resto de zonas tensionadas, con el reparto desigual de menores extranjeros no acompañados. “
Apunta a que va provocar mayor enfrentamiento entre los territorios. Es inaceptable que a Cataluña y País Vasco se les permita no admitir a ningún menor a cambio de la impunidad para Sánchez”, ha asegurado Jiménez Santamaría.
Las comunidades presididas por el Partido Popular han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno.
De hecho, diez de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.
De igual manera, el Gobierno central lleva 113 días sin cumplir la sentencia del Supremo que le obliga a acoger de inmediato a 1.200 menores.
Para el senador popular y concejal, “el alcalde soriano y secretario general de los socialistas castellano leoneses, es cómplice de una politización interesada de la inmigración”.
También ha invitado a que explique su opinión sobre que el proyecto del CAPI para Soria contemple una dotación de 203 plazas cuando la normativa de la Junta limita el número en función del número de habitantes de las localidades donde se ubican, a 120.
“Le da igual: tragará y nos llamará fachas”, ha concluido Jiménez Santamaría