El IMV aleja a beneficiarios de mercado laboral e incentiva la economía sumergida
En los últimos meses varios informes han llamado la atención sobre los fallos del Ingreso Mínimo Vital (IMV): la baja tasa de cobertura, la prolongada permanencia en la prestación y el hecho de que el diseño del incentivo al empleo de la ayuda no tiene ningún impacto. Es más, incentiva la capacidad de incorporarse al mercado laboral.
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El último en publicar un análisis al respecto ha sido el think-tank Freemarket, que apunta que el 60 por ciento de las personas que recibe el ingreso mínimo lo hacen durante más de tres años..
Además, según detalla el centro de estudios, un 90% de los perceptores cobran el IMV más de un año y un 75% más de dos.
"Los beneficiarios pierden el vínculo con el mercado laboral y reducen su capacidad de incorporarse a él", ha señalado el informe del think-tank, que también ha apuntado que "la probabilidad de dejar de percibir el IMV es menor cuanto más tiempo se lleve cobrando".
La principal conclusión del documento publicado en julio por la Airef era, precisamente, que el hecho de recibir esta prestación disminuye la probabilidad de trabajar en un 12 por ciento.
Un porcentaje que crece hasta un 29 por ciento para los mayores de 30 años, un 23 por ciento para aquellos con mayor renta y un 19 por ciento para los hogares monoparentales.
En este sentido, el centro de estudios cuenta que el mecanismo de retirada del IMV en el caso de que sus beneficiarios se incorporen a la actividad laboral es "demasiado rápido".
"Si trabajar en la economía formal no se traduce en un aumento significativo de la renta neta, los incentivos de los perceptores del IMV para hacerlo son escasos", han resaltado.
Es decir, surge una "barrera económica" que "hace que la transición del desempleo a un empleo formal de baja cualificación sea económicamente irracional".
Economía sumergida
Ante esta situación, el centro de estudios ha advertido que muchos perceptores se ven incentivados a recurrir a la economía sumergida para complementar la prestación que recibe.
Y según sus cálculos, se estima que entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de los perceptores "podrían tener ingresos no declarados".
En el mes de septiembre, Seguridad Social ha contabilizado un total de 776.924 prestaciones activas, 115.284 más que el año pasado (un 17 por ciento más).
En otras palabras: hoy, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el IMV Se ha transformado en una herramienta de control y dependencia.
El gasto en esta prestación se ha disparado hasta los 3.854 millones de euros en 2024, una cifra nueve veces superior a la de 2020.
En apenas cuatro años, el gasto pasó de 407 millones a casi 4.000 millones, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia.
En 2024, el Ingreso Mínimo Vital subió más del doble que la inflación. Y en 2025, la previsión es aún más desproporcionada: más del triple.
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“Una familia que recibe 900 euros y consigue un trabajo por 1.100 netos apenas mejora su renta en 200 euros”, ha ejemplificado el estudio.
Muchos perceptores deciden no incorporarse a la economía formal. Optan por trabajos en negro para mantener la ayuda íntegra. Así, el Estado subvenciona indirectamente la economía sumergida y cría generaciones que viven del subsidio.
Con ello Ingreso Mínimo Vital no combate la pobreza: la perpetúa. El beneficiario se acostumbra a depender del Estado. Cuanto más tiempo la cobra, menos posibilidades tiene de dejarla.
Los analistas de Freemarket han denunciado que el programa aumenta el gasto público y reduce la productividad nacional.
El Estado destina casi 4.000 millones anuales a mantener a cientos de miles de personas fuera del mercado laboral, mientras las empresas buscan empleados que no encuentran.
La economía española pierde así capital humano. Los sectores más vulnerables, en lugar de integrarse, se marginan.