El ciudadano medio dedica 228 días de trabajo a pagar impuestos
En 2025, el ciudadano medio dedica 228 días de trabajo al pago de impuestos, lo que supone 16 días más que en 2024, cuando el Día de la Liberación Fiscal cayó el 30 de julio, según un estudio realizado por el think tank Civismo.
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Este desplazamiento implica un incremento del esfuerzo fiscal del 7,5 por ciento en apenas un año.
El Día de la Liberación Fiscal (DLF), que simboliza la jornada en la que el contribuyente medio deja de trabajar exclusivamente para pagar impuestos y comienza a generar ingresos para sí mismo, se ha retrasado en 2025 hasta el 18 de agosto.
Esta fecha supone el registro más tardío desde que existen datos comparables, y representa un hito preocupante para el análisis del esfuerzo fiscal en España.
El progresivo retraso del Día de la Liberación Fiscal año tras año actúa como termómetro de un sistema fiscal hipertrofiado, cuya evolución no responde a los principios de eficiencia, equidad ni neutralidad, sino a la necesidad de financiar un aparato estatal en constante expansión, según el estudio realizado por Civismo.
En este contexto, cada vez más voces reclaman una reforma tributaria profunda, orientada hacia la simplificación, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal, que garantice un equilibrio justo entre las necesidades del Estado y la libertad económica del ciudadano.
Presión fiscal efectiva: más del 54,5 por ciento de la renta disponible
La carga fiscal soportada por el contribuyente no se limita al calendario, sino que también se expresa en términos de presión efectiva sobre su renta disponible.
En 2025, se estima que el ciudadano medio pierde más de la mitad de sus ingresos (un 54,5 por ciento) en impuestos. Esta cifra representa un aumento acumulado de más de cinco puntos porcentuales desde el año 2019, reflejando un modelo impositivo que grava con especial intensidad las rentas del trabajo y el consumo, en detrimento de otros tipos de ingresos.
Inflación fiscal encubierta y progresividad fría: más impuestos sin reformas
Uno de los factores clave que explican este fenómeno es la ausencia de deflactación de los tramos del IRPF, lo que ha provocado un incremento silencioso de la carga tributaria.
A pesar de no haberse introducido reformas explícitas en el impuesto sobre la renta, la recaudación por IRPF ha crecido notablemente, debido a que la inflación y el aumento nominal de los salarios han empujado a millones de contribuyentes a tramos impositivos superiores, sin una mejora real de su poder adquisitivo.
Este mecanismo —conocido como progresividad fría— constituye una forma de inflación fiscal encubierta que distorsiona el principio de transparencia y afecta la capacidad de planificación financiera de los ciudadanos
Una recaudación por IRPF que crece un 50 por ciento desde 2020
Entre 2020 y 2024, la recaudación por IRPF ha pasado de 86.221 millones a 129.408 millones de euros, lo que representa un aumento de más del 50 por ciento en solo cuatro ejercicios fiscales.
Este crecimiento no responde a una reforma estructural ni a una mejora sustancial de la economía de los hogares, sino a un fenómeno de inercia recaudatoria alimentado por la inflación acumulada y la falta de adecuación del impuesto al contexto económico real.
Este uso del IRPF como herramienta de recaudación silenciosa pone en tela de juicio los principios de neutralidad, equidad y previsibilidad que deberían regir el diseño tributario.
Los datos de la Agencia Tributaria confirman que en 2024 los ingresos del Estado alcanzaron más de 294.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto a 2023.
Este aumento no se debe a nuevas reformas fiscales, sino a dos factores principales: la ampliación automática de las bases imponibles vía inflación y el fin de las rebajas fiscales extraordinarias aplicadas durante ejercicios anteriores.
Impuestos adicionales: más de 80 días al año de trabajo invisibles
Más allá del IRPF y el IVA, el ciudadano medio dedica otros 4.850 euros al año a impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales.
Estos tributos suponen más de 80 días laborales adicionales y, aunque menos visibles en el debate público, son omnipresentes en la vida cotidiana del contribuyente, sumando carga fiscal sin la correspondiente visibilidad o justificación política.
Hasta 12 días de diferencia en esfuerzo fiscal según la comunidad autónoma
El esfuerzo fiscal no se distribuye de forma homogénea. El Día de la Liberación Fiscal varía según el lugar de residencia del contribuyente.
Así, mientras que en el País Vasco se alcanza el DLF el 12 de agosto, en Cataluña y Extremadura no se logra hasta el 24 de agosto.
Esta diferencia responde principalmente al diseño del IRPF autonómico y a la existencia de tributos propios regionales, como en el caso de Cataluña, que cuenta con más de 15 impuestos adicionales que agravan la carga impositiva local.
El coste del Estado se come el 47 por ciento del salario bruto
Un análisis de la cuña fiscal muestra que, de un salario bruto de 31.698 euros, solo 21.979 euros llegan efectivamente al bolsillo del trabajador, siendo 41.388 euros el coste para la empresa.
El resto se reparte entre cotizaciones sociales —tanto del empleado como del empleador— e IRPF.
Esta estructura fiscal penaliza la renta del trabajo y el consumo inmediato, en contraste con un tratamiento más laxo hacia otras formas de renta, como el patrimonio improductivo o los ingresos opacos.
El resultado es un sistema que desincentiva la contratación, reduce la productividad y degrada la libertad económica individual, limitando las oportunidades reales de movilidad social.
Más impuestos, pero sin mejora proporcional de los servicios públicos
Pese a la recaudación histórica alcanzada en 2024, no se observan mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos ni en la eficiencia del gasto estatal.
Esta desconexión entre el aumento de la presión fiscal y los beneficios percibidos por los ciudadanos erosiona la legitimidad del sistema tributario y debilita la confianza del contribuyente en las instituciones públicas.